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Hacienda

El PSOE condiciona el pacto local a la reforma de la financiación municipal

El acuerdo que el PP ha ofrecido al PSOE para traspasar competencias de las comunidades autónomas a los ayuntamientos no tiene posibilidades de prosperar si el Ejecutivo mantiene su negativa a negociar de forma conjunta la reforma de la financiación municipal. Así lo advirtió ayer el dirigente socialista Álvaro Cuesta durante la presentación del proyecto de pacto local alternativo al del Gobierno.

Los socialistas consideran prioritario discutir con el Ministerio de Hacienda el nuevo marco financiero en el que se desenvolverán los ayuntamientos a partir del año que viene, pues de éste dependerá, en su opinión, la calidad en la prestación de los servicios que les sean transferidos desde las comunidades autónomas. Lo contrario, a juicio del responsable de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, sería empezar la casa por el tejado.

La propuesta del Gobierno descansa en el diálogo entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales para decidir qué tipo de competencias transfieren las primeras y a través de qué vía. El documento presentado el pasado miércoles por el PP orilla la reforma de la financiación municipal, pues sus redactores se limitan a precisar la necesidad de evaluar el coste de los servicios que se transfieran a los ayuntamientos.

El PSOE va mucho más allá en su propuesta y defiende, en primer lugar, un gran acuerdo parlamentario para reformar la financiación municipal y regular las bases del régimen jurídico sobre las que se asienta el gobierno de los ayuntamientos. Después de este pacto, los socialistas consideran imprescindible que se produzca el diálogo entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas y también que estas últimas negocien con los ayuntamientos sobre la forma de encauzar el trasvase de competencias.

Congelación impositiva

La nueva financiación local que propone el PSOE parte del principio de la congelación impositiva. En ella se aboga por el mantenimiento del impuesto de actividades económicas debidamente reformado, para que queden liberados de su pago el 90% de los contribuyentes. Las corporaciones locales ingresan anualmente a través de este tributo alrededor de 270.000 millones de pesetas.

El Gobierno aún no ha desvelado cómo compensará a los ayuntamientos cuando elimine el IAE. El PSOE intuye que lo hará a través del aumento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el catastro.

La alternativa socialista incorpora también la participación de las corporaciones locales en los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta (IRPF) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El primer partido de la oposición es partidario de que los ayuntamientos reciban competencias sobre seguridad ciudadana, mejorando el funcionamiento de las juntas locales. También defiende que asuman competencias sobre justicia para encauzar con mayor proximidad al ciudadano la celebración de juicios rápidos.

La oferta del PSOE prevé, asimismo, el traspaso a los municipios de competencias sobre vivienda, educación infantil y políticas activas de empleo.

Lista más votada o elección directa de alcalde

 

 

El PP y el PSOE tampoco se ponen de acuerdo en el cambio de la legislación electoral que afecta a los ayuntamientos, en cada caso por razones diferentes. El partido del Gobierno es partidario de un pacto a través del cual gobierne la lista más votada, con el fin de recuperar las alcaldías en las que obtuvo mayoría en 1999, pero donde no logró auparse al equipo de gobierno municipal debido, en la mayoría de los casos, a las alianzas formadas por el PSOE e Izquierda Unida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los socialistas se oponen a esta propuesta del PP y defienden la elección directa de alcalde como el mejor método para evitar posteriores mociones de censura a través de la compra de concejales. La experiencia demuestra que el pacto contra el transfuguismo firmado entre los dos principales partidos no ha dado los resultados esperados, pues ha sido violado por ambos en numerosas ocasiones.

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Cuesta acusó ayer al PP de haberlo vulnerado en seis ayuntamientos desde el inicio de este año.

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