Duhalde intenta aplicar el plan del FMI y encara una dura oposición
Los gobernadores provinciales rechazan el ajuste de gastos propuesto por el Gobierno nacional a instancias del FMI. Y las autoridades dudan ahora en aplicar el impuesto a las petroleras. Se presentan masivas demandas judiciales contra el corralito.
Largas filas de personas se extendían ayer a lo largo de 12 calles cercanas al Palacio de Tribunales de Buenos Aires. Eran ciudadanos que iban a presentar recursos contra el corralito y colapsaban el tráfico de toda la zona. Ante el hecho, la Corte Suprema prorrogaba por cinco días el plazo para tramitar estas peticiones de amparo ante los juzgados.
Después del mediodía, el caos urbano se agudizó con la llegada de los manifestantes piqueteros que se presentaron ante al Congreso para protestar contra el proyecto de Presupuestos, en tanto que otros se concentraban ante las oficinas de Repsol YPF para pedir su nacionalización y un impuesto especial a las petroleras. Ante el Parlamento, dirigentes de los sindicatos de maestros aseguraban que 'es muy difícil que se inicie el ciclo lectivo', ya que el proyecto de Presupuestos elimina parte del salario que perciben. Los puentes de acceso a la capital estaban cortados por piquetes y las asambleas barriales se preparaban para marchar con los parados a la Plaza de Mayo.
En las provincias, el panorama era similar. La jornada de lucha nacional convocada por el Bloque Piquetero Nacional se cumplía con una amplia adhesión.
Mientras tanto, el presidente Eduardo Duhalde seguía negociando con los gobernadores provinciales y las empresas petroleras. Los Estados del interior argentino se niegan a aceptar una mayor reducción de los ingresos fiscales destinados a sus arcas y advierten al Gobierno que preste atención a un próximo estallido social. El gobernador de Santa Cruz, el peronista Néstor Kirchner, dijo que 'este Gobierno no se diferencia en nada al anterior'.
El martes, en una reunión con los políticos que apoyan a su gabinete de unidad nacional, Duhalde pareció darle la razón por anticipado a su compañero de partido. 'Salir de esta situación extrema sin el auxilio del Fondo Monetario Internacional no es posible', dijo el presidente. Al encuentro, sintomáticamente, no concurrieron los gobernadores de dos de las tres provincias más importantes, Córdoba y Santa Fe.
Ajuste y cuestión social
Tras el regreso del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, de su reunión con el Fondo y el Tesoro de EE UU la semana pasada, el presidente parece decidido a aplicar los consejos del organismo. Pero el nuevo ajuste en marcha choca de plano con las demandas populares. Remes dijo ayer a los gobernadores que el Estado nacional no emitirá más bonos Lecop. Pero las provincias dependen de ellos para pagar salarios y pensiones.
El temor a la violencia ronda todas las cabezas. Duhalde dijo que la represión 'es el último recurso' del Gobierno, pero advirtió otra vez que 'un país no puede vivir sin un mínimo orden'.
La CGT disidente dirigida por Hugo Moyano, también peronista, prepara una marcha de protesta para la semana próxima. Duhalde, entretanto, intenta llegar a un acuerdo con un sector de los piqueteros para aislar a los más duros y combativos.
Pero la economía sigue paralizada y la flexibilización del corralito bancario para que se puedan pagar compras de viviendas y de vehículos no logra calmar la furia de los ahorradores. Los precios se han incrementado un 2,2% en lo que va de mes, la producción industrial cayó el 19,6% en enero y el 47,6% de la población es pobre. Un cóctel explosivo.
El presidente, en aprietos tras la subida de Repsol
'Repsol YPF me dijo que no va a aumentar los precios', afirmaba ayer por la mañana el presidente argentino. Tres horas más tarde, el número uno de la compañía petrolera, Alfonso Cortina, desairaba a Eduardo Duhalde al anunciar una inmediata subida de sus carburantes en Argentina.
La firma española era la única de las grandes firmas presentes en el país suramericano que no había tocado sus precios hasta ayer. Shell rompió el hielo el lunes, con un 5% de incremento, y fue seguida ayer por Exxon. Sin embargo, Cortina, al igual que sus homólogos de las otras dos petroleras, negó que el aumento se deba al impuesto a las exportaciones, y lo explicó por el encarecimiento de las materias primas tras la devaluación del peso. Reveló, asimismo, que las negociaciones con el Gobierno 'van bien para todos'. Una señal más de que el impuesto del 20% podría dejar paso a otro del 8%, pero sólo para la producción de hidrocarburos, que es lo que propician las empresas.
A pesar de todo, Duhalde dijo públicamente que está dispuesto a 'ir muy a fondo si no nos entienden las petroleras'. Y aseguró que 'deberán volver atrás' con los aumentos y pagar 'anticipadamente y al contado' la retención. El Gobierno discutía anoche si obligará a cumplir la ley.