PP y PSOE acuerdan reforzar el aislamiento político de Batasuna
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, consiguió ayer el respaldo del PSOE a las reformas legislativas, aún sin concretar, que posibilitarían la ilegalización de Batasuna por los jueces, así como el bloqueo de la financiación pública del entorno de ETA. Un grupo de trabajo estudiará propuestas para reforzar la seguridad de los concejales vascos amenazados.
La comisión de seguimiento del pacto antiterrorista se reunió ayer en el Congreso de los Diputados horas después de que el comando Vizcaya de ETA intentara asesinar en Sestao a un dirigente de Juventudes Socialistas. El PP y el PSOE eludieron en público las discrepancias sobre lo tratado y anunciaron un principio de acuerdo para reforzar el aislamiento político de Batasuna, dar cobertura jurídica definitiva a la imposibilidad de que la coalición abertzale se financie con dinero público y mejorar las condiciones de seguridad de los concejales vascos amenazados.
El PSOE aparcó sus reticencias al plan propuesto por el Gobierno para ilegalizar a Batasuna y optó por ganar tiempo. Esto es, reclamó que el Ministerio de Justicia le remita por escrito el proyecto de ley de reforma de la Ley de Partidos de 1978, instrumento a través del cual el Ejecutivo quiere conseguir que los jueces sitúen a Batasuna fuera de la legalidad.
Bloqueo económico
Los integrantes del pacto quieren garantizar también el aislamiento económico de la coalición. Para eso modificarán la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Régimen Electoral, con el fin de evitar que partidas presupuestarias públicas vayan a parar al entramado etarra. PP y PSOE ya dieron un primer paso en esta dirección a través de una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos ahora en vigor.
Ambos partidos presentarán también en el Congreso una proposición de ley para favorecer que los jueces procedan al bloqueo preventivo de las cuentas bancarias relacionadas con organizaciones terroristas.
Por último, los socialistas han conseguido que el Gobierno acceda a crear un grupo de trabajo para acentuar la seguridad de los concejales amenazados. El objetivo del PSOE es detener la fuga de ediles y también garantizarse que en las elecciones municipales del año que viene contará con listas propias en los principales ayuntamientos de Euskadi.
Detrás del principio de acuerdo alcanzado, el Gobierno y el PSOE arrastran un largo capítulo de desencuentros. De hecho, la de ayer es la primera reunión de esta naturaleza que se celebra sin un orden del día pactado. El Gobierno decidió el pasado domingo que debía tomar la iniciativa frente al PSOE después de que este partido llevara pidiendo durante un mes una cita urgente de la comisión de seguimiento del pacto. Para ello filtró a determinados medios las propuestas que iba a trasladar a los socialistas un día después. Lo curioso es que el Gobierno disponía desde hace dos semanas de las iniciativas que el PSOE iba a defender en la reunión celebrada ayer. Ambos partidos decidieron finalmente lavar los trapos sucios en privado.