Liberalización a medio gas

El secretario de Estado de Economía, Energía y Pyme, José Folgado, presentó ayer, con un año de retraso sobre el calendario previsto en un principio, las tres órdenes ministeriales que han de servir de marco legal para la apertura del mercado del gas natural español. El primer impacto de estas normas, que entran en vigor hoy, es el descenso del 5% de las tarifas domésticas, del 15% de las comerciales y de entre el 3% y el 6,5% de las industriales. Este descenso, sin embargo, es coyuntural, dado que las tarifas de gas natural se revisarán trimestralmente cuando la materia prima suba o baje más del 2%.

Esas tres normas fijan, además de las tarifas del gas natural, la retribución de las actividades reguladas del sistema gasístico y los peajes y los cánones de acceso de terceros a las instalaciones gasísticas. Este esquema es fundamental para hacer una valoración de Enagas. La venta del 65% de Enagas es otro de los hitos de la esperada liberalización del mercado gasístico español, proceso que están esperando con gran interés las empresas eléctricas.

Ese interés es el que ha acentuado las diferencias entre el Ministerio de Economía y las eléctricas en el proceso de elaboración de las normas hechas públicas ayer. Las compañías sostienen que el futuro de la generación eléctrica, que ahora está en el ojo del huracán por los polémicos apagones, pasa por las centrales de ciclo combinado. Pero éstas no se podrán desarrollar si no hay un mercado del gas abierto, que funcione, y en el que se asegure la existencia de una red de infraestructuras amplia. Y ello requiere fuertes inversiones. Folgado sostiene que las nuevas normas 'eliminan incertidumbres regulatorias' y establecen 'un marco estable', que permitirá afrontar un fuerte plan inversor, cifrado por el secretario de Estado de Economía en unos 3.000 millones de euros (unos 500.000 millones de pesetas).

Precisamente, una de las modificaciones de última hora que ha introducido el Ministerio de Economía es que el modelo de retribución aprobado ofrece el mismo tratamiento para las inversiones pasadas que para las futuras. En los primeros borradores, las nuevas inversiones estaban penalizadas respecto a las ya efectuadas. æpermil;sta era, concretamente, una de las críticas más directas de las empresas eléctricas a los borradores elaborados por el Gobierno.

Otra de las quejas de las eléctricas es que no se está produciendo al mismo ritmo la apertura de su sector y la del mercado del gas, tal y como sucede en otros países europeos. Esta 'asimetría', argumentan las eléctricas, coloca en posición de ventaja a Gas Natural, puesto que está en condiciones de llevar a sus clientes una doble oferta (electricidad y gas), algo que ellas no están en disposición de hacer. En otras palabras, que hacerle la competencia en igualdad de condiciones a Gas Natural les resulta, a la vista de la legislación aprobada ayer, harto complicado. Y no sólo eso. Temen que el precio del 65% de Enagas que sale a la venta resulte sobrevalorado.

En estos puntos, tanto Economía como Gas Natural esgrimen un puñado de argumentos totalmente contrarios. Folgado mantiene que las nuevas normas 'beneficiarán a toda la sociedad' y que el nuevo modelo de tarifas, cánones y peajes asignan 'de forma equitativa' los costes entre los distintos consumidores del sistema gasístico. Gas Natural, por su parte, defiende que el nuevo marco establece y asegura los ingresos de las compañías gasísticas y da una mayor estabilidad al sector.

En definitiva, el Gobierno ha dado los primeros pasos en un proceso de liberalización que, por el momento, es bastante tímido. Las próximas decisiones del Ejecutivo deben ir en el sentido de asegurar una competencia real que tenga su reflejo tanto en precios como en servicios. No en vano, está en juego el futuro de un mercado, el del gas, cuyo volumen se va a triplicar en los próximos 15 años y que está llamado a ser el sostén de la generación de electricidad española en el futuro.