El Gobierno regula la reserva de derechos de plantación de viñedos
El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión un real decreto por el que se regula el establecimiento de reservas de derechos de plantación de viñedo, creando de esa forma la reserva nacional y propiciando la posterior constitución de reservas regionales en las comunidades autónomas, con el fin de facilitar la gestión del potencial vitícola y evitar la pérdida del mismo.
A esta nueva institución se incorporarán los derechos de plantación que procedan de las reservas de las comunidades autónomas, después de permanecer en ellas tres campañas sin haberse utilizado.
Si alguna región decidiera no crear su propia reserva regional, los derechos caducados irían a parar a la reserva nacional, si bien estarían a disposición de la comunidad autónoma pertinente durante un plazo de tres años.
También se incorporarán los derechos de plantación procedentes de la reserva comunitaria, que en el futuro puedan ser adjudicados a España por la Unión Europea. Por otro lado, los derechos de replantación transferidos entre comunidades autónomas que no sean utilizados en las dos campañas siguientes a su aprobación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entrarán automáticamente en la reserva de la comunidad autónoma de destino o en su caso, en la reserva nacional.
Tal y como explica en una nota oficial el Ministerio de Agricultura, cuando el viticultor cubra la superficie a regularizar con el 150% de los derechos, tal y como establece una de las fórmulas de regularización, y éstos provengan de distinta comunidad autónoma, las dos terceras partes se destinarán a compensar los derechos que en su día no se aportaron para la parcela a regularizar y el resto será distribuido a partes iguales entre las comunidades autónomas cedente y adquirente.
Además, la norma establece que podrán tener prioridad las peticiones que se realicen con el fin de regularizar plantaciones, así como los jóvenes agricultores que se establezcan por primera vez en la actividad agraria, titulares de explotaciones prioritarias y agricultores a título principal.