Duhalde rectifica e intenta adaptarse a las exigencias del FMI
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, regresó ayer de Washington sin dinero y con mayores exigencias de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y el Gobierno parece estar virando en ese sentido, lo cual le complica sus bases de apoyo político y social. Entre las medidas anunciadas figura el impuesto a las exportaciones petroleras, que grava principalmente a Repsol YPF.
Las buenas maneras y las frases amigables no han logrado ocultar lo evidente: el FMI no está dispuesto a ayudar a Argentina si su Gobierno no cambia sustancialmente el plan económico de Remes Lenicov.
¿En qué consisten esos cambios? En una revisión a fondo del Presupuesto 2002 que discute el Congreso. El Fondo no considera realistas las estimaciones macroeconómicas que contiene ese proyecto de ley y quiere que se contabilicen los subsidios estatales para compensar a la banca por la pesificación de los créditos que estaban nominados en dólares. Además, exige una renegociación del acuerdo de reparto de impuestos con las provincias. Y, finalmente, una reducción del gasto público.
De reflejos rápidos, el presidente Eduardo Duhalde vira y se acomoda al Fondo, consciente de que una negativa colocaría a su país en condición de paria en la comunidad financiera internacional. Ayer decidió vetar parcialmente la Ley de Quiebras que él mismo había alentado y que el Congreso aprobó recientemente.
Paraguas protector de los principales grupos económicos locales fuertemente endeudados, la ley clausuraba por seis meses la posibilidad de que los acreedores pidieran la quiebra o ejecución de activos de sus deudores. Esta provisión ha sido eliminada, como también la obligatoriedad de provisionar el 100% de las deudas que no puedan ser renegociadas en 90 días.
Ahora, Duhalde deberá enfrentar la presión de esos deudores para que se les otorgue un seguro de cambio para enfrentar los vencimientos de sus deudas en dólares en el mercado internacional.
En la misma línea, el Gobierno ha apurado su aletargado proyecto de un impuesto sobre las exportaciones de petróleo. Tras una larga historia de indecisiones, ha anunciado que impondrá una tasa del 20% a las ventas al exterior de crudo y del 5% a las de derivados (el gas queda exento). Repsol YPF sufrirá duramente este gravamen, pero el FMI está conforme porque el dinero se destinará a ajustar el déficit fiscal, y presiona para que se haga lo mismo con las exportaciones agropecuarias.
Inflación y privatizadas
Temeroso de que la inflación se dispare a pesar de que el dólar está controlado momentáneamente merced al corralito, Duhalde sigue cerrado a conceder aumentos de precios a las empresas de servicios públicos privatizados. Ayer, para descomprimir su relación con las empresas del sector, el Gobierno decretó el inicio de negociaciones, pero en un plazo máximo de 150 días. Esto llevará a que se frenen las inversiones previstas, con el consiguiente empeoramiento de los servicios.
Pero el FMI no parece contentarse con estas señales y ha dicho que no se abrirán las negociaciones hasta que el país presente un 'programa integral'. Remes ha respondido diciendo que 'estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones necesarias para remontar esta crisis'.
La última palabra la tiene ahora Duhalde. El presidente sabe que su Gobierno puede acabar rápidamente si no cede. Pero si lo hace, deberá prepararse para un choque frontal con las provincias, los industriales, los productores rurales, los trabajadores y los parados. Un dilema difícil de resolver.