Justicia propondrá armonizar entre los países europeos las penas para delitos graves
España iniciará en Santiago de Compostela un debate sobre la necesidad de que los Estados miembros armonicen las penas para delitos graves (tráfico de personas, terrorismo y tráfico de drogas, entre otros).
El ministro de Justicia, Ángel Acebes, que mañana preside en Santiago de Compostela una reunión informal del Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, explicó en el Congreso de los Diputados las iniciativas y objetivos que persigue su departamento durante la presidencia española de la UE.
Acebes anunció que España iniciará en Santiago de Compostela un debate sobre la necesidad de que los Estados miembros armonicen las penas para delitos graves (tráfico de personas, terrorismo y tráfico de drogas, entre otros). Se va a proponer un sistema de horquillas que recogerán diferentes tramos de penas. Este sistema obligaría a todos los países de la UE a imponer penas entre un mínimo y un máximo de años de prisión para cada delito que se tipifique.
El ministro, que incidió en los esfuerzos que se emplearán para avanzar en el espacio común de justicia, libertad y seguridad, manifestó que se dará un impulso a Eurojust para su implantación definitiva con sede en La Haya. Este organismo contará con un corresponsal en cada país de la UE para que informe sobre delitos de terrorismo. Toda la información se centralizará en Eurojust y ayudará, según el ministro, a una lucha más eficaz contra este tipo de delitos.
España también va a plantear un debate en el seno de la UE para la consecución de una cooperación judicial con Estados Unidos en materia de terrorismo. Destacó los avances para la lucha antiterrorista en la UE como la euroorden o la definición común de terrorismo.
Según Acebes 'se trata de conseguir una más eficaz persecución del delito, de lograr que la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada no se vea entorpecida por fronteras legales, judiciales o policiales'. Esto se traduce también en alcanzar un espacio compartido con el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales tanto en el ámbito civil como penal.
También se impulsará la ejecución de resoluciones de embargo preventivo de bienes y elementos de prueba en delitos económicos, de terrorismo y de tráfico de drogas.