La regulación llega a la Red
Internet está a punto de tener sus reglas. El anteproyecto de ley que regulará las transacciones a través de la Red inicia ahora su andadura parlamentaria, después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer -tras muchos meses, más de 20 borradores y múltiples críticas por parte de internautas y empresas del sector- el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. España se convierte así en el cuarto país de la Unión Europea que aprueba un anteproyecto para adaptar la directiva de comercio electrónico a su legislación interna. Pero la elaboración del texto no va a ser fácil.
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que es necesaria la existencia de una norma que regule la actividad en la Red y dote de seguridad jurídica el comercio electrónico, una actividad que se ha visto frenada en gran medida por la desconfianza que generaba la falta de legislación. Pero, mientras hay unanimidad en la necesidad de regular Internet, no existe igual acuerdo respecto a las normas y contenidos de la ley.
Uno de los artículos más controvertidos es el octavo. Establece que, en el caso de que un servicio de Internet atente contra determinados principios, 'las autoridades competentes podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran'. La ambigüedad del término 'autoridad competente' ha hecho correr ríos de tinta. Algunas asociaciones de internautas han llegado a afirmar que el término 'autoridad competente' otorga al Gobierno la potestad de censurar y clausurar cualquier página web, lo que en la práctica hace que sea, según los detractores, 'más restrictiva que la ley franquista de censura de Manuel Fraga'.
Sin embargo, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, aseguró ayer que la ley no introduce límites a la libertad de expresión y aclaró que, como sucede en la actualidad con los medios de comunicación, sólo los jueces tendrán la capacidad de clausurar una página web.
Lo que está claro es que la ley tiene luces y sombras. Los grupos parlamentarios deberán mejorar el anteproyecto y aclarar muchos de los interrogantes que genera. Que van, por ejemplo, desde el papel controlador que en un principio se otorgó a los prestadores de servicios, que debían informar a las autoridades de cualquier contenido ilícito alojado en su dominio del que tuvieran conocimiento sustituido ahora por un genérico y lógico deber de colaboración, hasta el régimen de sanciones a lo que se considere delito.
Además, habrá que ver cómo se establecen los mecanismos de protección de los consumidores y cómo se regula el correo electrónico no deseado, una cuestión polémica en la que pueden adoptarse enfoques más favorables a los consumidores o a las empresas. Queda aún mucho camino por andar en la regulación de la Red.