El colapso de Argentina
El Gobierno de Eduardo Duhalde pareció salir ayer del choque provocado por la decisión, el pasado viernes, de la Corte Suprema de Argentina de declarar inconstitucional el bloqueo de depósitos bancarios. Anoche tenía previsto anunciar, con 24 horas de retraso, el nuevo plan de medidas económicas para tratar de dar respuesta a la desesperada situación financiera en la que se encuentra el país. Con anterioridad al discurso, Duhalde respondió con dureza a la decisión del Supremo al hacer pública su intención de someter a juicio político en el Congreso actuaciones pasadas de buena parte de los jueces que conforman el máximo órgano judicial. A la dura crisis económica y social que sufre Argentina, se suma así una guerra impredecible entre los poderes del sistema democrático.
Entre los puntos básicos del nuevo plan del Gobierno, filtrados ayer por la prensa argentina, figura la libre flotación del peso, lo que pondría fin al actual sistema de dos precios de referencia para la divisa: uno objetivo en el mercado y otro artificial fijado por el Gobierno para todas las operaciones exteriores y cambiarias realizadas en el sistema bancario. Esta era una de las peticiones que había concitado más unanimidad entre todas las instituciones internacionales. También figura la desaparición del bloqueo de depósitos, el llamado corralito, para los ingresos salariales.
Además, todas las deudas se pesifican al valor de un peso por un dólar, a la vez que se pesifican, al cambio oficial determinado cuando se anunció la devalución de la divisa, todos los depósitos hasta ahora nominados en dólares. Por tanto, los deudores podrán hacer frente a sus pagos con pesos, con la única dificultad de que la deuda contraída crecerá a la misma velocidad que lo haga la inflación.
Respecto a este punto, no se descartaba que el Gobierno aprobará algún tipo de medida compensatoria para los bancos. En concreto, el Estado podría subvencionar a los bancos que tenían concedidos créditos a empresas y particulares con bonos de nueva emisión en dólares. Para las entidades que tuvieran comprometidos préstamos con instituciones públicas la contrapartida serían bonos denominados en pesos.
Pero el principal problema para Duhalde sigue estando en la restricción a la disposición de los depósitos, sobre todo tras la decisión de la Corte Suprema del pasado viernes. Dicha decisión abre la puerta a que cualquier ciudadano pueda reclamar al banco su dinero y, en caso de que no le sea devuelto, recurrir a la vía judicial para hacerlo, pues el fallo debe ser necesariamente favorable a sus intereses. La aplicación de la sentencia provocaría la quiebra del sistema, puesto que los bancos no disponen de los 65.000 millones de dólares (75.000 millones de euros) de los ahorradores. El colapso puede ser momentáneamente evitado con el decreto de cierre de los bancos los próximos días. Pero la decisión del Gobierno se enfrenta a las consecuencias de un grave estallido social.