Las cajas temen que la banca proteste ante la CE por frenar la despolitización

Las cajas de ahorros temen que la banca y otras empresas vuelvan a plantearse abrir el debate de la privatización del sector acudiendo a Bruselas. Estas entidades de ahorro creen que la directiva de Bruselas deja la puerta abierta para ello, aunque no se explicite. Los bancos ya intentaron hacer lobby sobre esta causa, parada cuando se abrió el debate sobre la limitación pública en el sector.

Las cajas dan por perdida la batalla para despolitizarse. Ahora sólo creen que la reforma del sector se limitará prácticamente a buscar las fórmulas más idóneas para que puedan reforzar sus recursos propios, entre los que destacan las cuotas participativas. Lo curioso es que el Gobierno pretendía que este instrumento financiero, similar a las acciones pero sin derechos políticos, se desarrollase a través de un real decreto, en el que Economía ya está trabajando.

Para elaborar este real decreto no se necesita el consenso político, aunque el Gobierno lo quiera buscar. No en vano, tras retirar el PSOE y el PP el proyecto para limitar al 50% la representación pública en las cajas, los socialistas se centrarán en el desarrollo de un instrumento financiero para reforzar sus recursos propios.

Lo que sí tienen claro las cajas es que el Gobierno no introducirá derechos políticos en este instrumento o cuotas participativas. Las cajas llevan varios años pidiendo una reforma del sector, que logre despolitizarlas, pero garantizando la actual naturaleza jurídica. Las peticiones se iniciaron en marzo de 2000, cuando el comisario de la Competencia de la UE, Mario Monti, estuvo a punto de abrir un expediente a las cajas españolas. Pero la intervención de los comisarios europeos Pedro Solbes y Loyola de Palacio logró paralizarlo. Solbes y Palacio se basaron en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1982 en la que se reconoce a las cajas españolas como entidades privadas.

Este expediente frustrado tiene su origen en el abierto a las cajas alemanas, que desembocó en julio pasado en la eliminación de los avales públicos que recibían, y en el abierto a Caja Cantabria por un crédito concedido a la papelera Sniace y que hace unos tres meses se volvió a reactivar por una reclamación anónima.

El expediente se abrió al considerar que el crédito de la caja podía suponer una ayuda pública, ya que Caja Cantabria tiene una representación pública superior al 50% (la futura ley autonómica de cajas reduce esta representación). En el caso de las cajas alemanas el expediente se abrió por las reiteradas presiones de la banca, sobre todo del Deutsche.

Espada de Damocles

Pero lo que algunas cajas españolas califican de ¢espada de Damocles¢ se ha vuelto a reactivar. Casi todas las cajas temen (aunque en público no lo reconozcan) que la eliminación del proyecto de reducir el peso público en el sector las lleve no sólo a convertirse en un mero objeto financiero de las comunidades autónomas (banca pública, como ha hecho referencia varias veces el director general de la CECA, Juan Ramón Quintás), sino también todo lo contrario, es decir, que la banca y otras empresas puedan volver a reactivar su interés por privatizar este sector, al considerar que compiten con ciertos privilegios.

Esta claro que el Gobierno español no está dispuesto a aceptar estas presiones. Pero los bancos, como las empresas, tienen razones para acudir a Bruselas argumentando que algunos créditos y participaciones empresariales de las cajas pueden considerarse ayudas públicas.

La directiva en cuestión es la 2000/52/CE, publicada en julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE, relativa a las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas. En ella se define lo que es una empresa pública. Se entiende por tal cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer directa o indirectamente una influencia dominante en razón de la propiedad de la participación financiera o de las normas que la rigen.

La directiva establece como influencia dominante cuando el Estado u otras Administraciones territoriales directa o indirectamente puedan designar a más del 50% de los miembros de los órganos de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa. Si se sobrepasa en una entidad privada, los préstamos que concedan a empresas pueden considerarse ayudas públicas.

En la mente de las cajas y de la banca siguen presentes los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la OCDE de 1999, y del Círculo de Empresarios para privatizar estas instituciones.

Las cajas también recuerdan las palabras del presidente del BBVA, Francisco González, de febrero de 2001, en las que sugería que la privatización de la banca pública alemana podía ser un buen referente para dar salida a las situaciones como las de las cajas españolas.

El problema, además, es que la capacidad de maniobra de estas entidades está muy limitada. Los Gobiernos autónomos no quieren perder peso en las cajas, lo que se ha trasladado en los últimos días a los responsables de estas instituciones. Y ¿quién quiere perder su sillón o enfrentarse al Gobierno?

Infocaja inicia su trayectoria con Accenture

 

Las cajas se han convertido en los últimos años en unas duras competidoras para los bancos en España en casi todos los productos financieros. La creación del SCH y del BBVA les ha dado margen para ganar cuota de mercado sin problemas. Pero los bancos, sobre todo los grandes, quieren recuperar el terreno perdido en España, y más tras las menores expectativas de crecimiento en Latinoamérica.

 

Las cajas cada vez tienen más problemas para crecer en dimensión. Por ello acuden a las alianzas.

 

Un ejemplo de esta vía, que permite un ahorro de costes considerable, es la puesta en marcha de la sociedad Infocaja, creada por Caja Asturias, la Caja General de Canarias, Caja Castilla La Mancha, Caja Murcia y Sa Nostra.

 

Esta sociedad acaba de suscribir un acuerdo con la consultora y auditora Accenture para la prestación de diversos servicios informáticos. Esta alianza tendrá una duración, en principio, de siete años. El servicio creado moverá, según las estimaciones de las entidades, alrededor de 80 millones de euros (13.310 millones de pesetas) de negocio durante este periodo.

 

El acuerdo suscrito con Accenture es ¢capital¢ para la creación de Infocaja, según las propias cajas, ya que la finalidad de esta nueva sociedad será desarrollar una única plataforma informática integrada para las cinco entidades que ayude en sus necesidades operativas en el día a día, para comercializar y vender productos comerciales e incluso para ayudar a la gestión de la propia entidad financiera.

 

Las cajas estiman que con esta iniciativa lograrán un ahorro de costes del 40% en la creación, actualización y mantenimiento de redes y servicios informáticos. La alianza también pasa por construir un centro de servicios informático común. Infocaja, con un capital de 700.000 euros, está presidida por Álvaro Arvelo, presidente de la Caja General de Ahorros de Canarias.