La Junta reduce un 46,4% las adjudicaciones, aunque las empresas locales ganan cuota

La Junta de Andalucía ha reducido un 46,4% las adjudicaciones de obra pública durante 2001, al pasar de 589 millones de euros en 2000 a 315,7 millones de euros en 2001. Pese a ello, el nivel porcentual de participación de las empresas andaluzas ha crecido casi seis puntos, hasta alcanzar un 61,3% del total de la obra pública otorgada el año pasado por la Junta andaluza.

Las empresas constructoras andaluzas vieron caer drásticamente el número de adjudicaciones de obra pública por parte de la Junta de Andalucía el año pasado, según el informe anual dado a conocer ayer por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

La Administración autonómica adjudicó obras por importe de 315,7 millones de euros, un 46,4% menos que en el año 2000. Pese a ello, las empresas radicadas en la región aumentaron porcentualmente su participación en el reparto global al conseguir un 61,3% del total de obra pública de la Junta, frente al 55,3% del año anterior. Las empresas no andaluzas lograron el 38,7% restante de las obras.

El presidente de Ceacop, Juan Antonio López Fernández, fue especialmente crítico durante la presentación del informe con la empresa pública Giasa (Gestión de Infraestructuras de Andalucía), dependiente de la Consejería de Obras Públicas. Esta sociedad es el principal órgano inversor de la Junta de Andalucía en obra pública.

Según los datos del informe, Giasa ha rebajado el total de adjudicaciones de 360 millones de euros en 2000 a 161,7 millones en 2001. En este caso, la participación de empresas de la región también baja de 211 millones de euros de 2000 a 78,3 millones en 2001. El año pasado este organismo dio preferencia a empresas radicadas fuera de Andalucía, que se llevaron el 51,5% del importe de las adjudicaciones frente al 48,5% de las sociedades andaluzas.

Política de Giasa

La empresa pública de la Junta da así la vuelta por primera vez a la tendencia del año anterior, que favorecía a las empresas andaluzas con un 58,6% del total, frente al 41,4% de las empresas no andaluzas. López señala directamente como causante de este vuelco en la política de adjudicaciones al nuevo consejero delegado de Giasa, Teófilo Terrasa, a quien culpa de desequilibrar la balanza en favor de compañías de fuera de la región.

Sin embargo, en conjunto, el porcentaje de participación de las empresas andaluzas ha subido al mencionado 61,3%, entre otras, gracias a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que adjudicó un 95,8% del valor de sus obras a sociedades de la región, o a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que otorgó el 100% de las obras a compañías locales.

Ceacop considera que la Junta debe cambiar el sistema de adjudicaciones, actualmente muy centrado en concursos, en favor de las licitaciones tradicionales, amparadas en la presentación de ofertas a la baja.

López atacó también a las consejerías andaluzas de Educación y Ciencia y Turismo y Deporte, las únicas que no adjudicaron ni un sólo euro de sus obras a empresas de la región con excepción de Relaciones con el Parlamento, que por su naturaleza prácticamente no otorgó obras.

Los distintos ministerios del Gobierno central invirtieron 849,7 millones de euros en Andalucía en 2001, una cantidad muy superior a los 315,7 millones de euros invertidos por la Junta. Sin embargo, según el informe de Ceacop, en este caso las adjudicaciones del Gobierno se van de forma aplastante hacia empresas de fuera de la región. Sólo un 22,4% de esa cantidad fue a parar a empresas andaluzas.

'Nos hemos reunido muchas veces con los líderes del PP en Andalucía para pedirles que intercedan en favor de las adjudicaciones a empresas andaluzas o al menos en favor de la formación de uniones temporales de empresas en las que además de las grandes constructoras nacionales esté al menos una empresa regional', afirma López. 'Pero estos datos demuestran la ínfima influencia que tiene el PP andaluz en Madrid'.

El presidente de Ceacop asegura que esto sólo ocurre en Andalucía. 'Cuando voy por Valencia o Cataluña, en los carteles de obra pública aparece siempre alguna empresa local junto a las grandes constructoras', dice. López cree que no se trata de un problema de falta de dimensión de las empresas, sino de 'voluntad política'.