'Los tribunales regionales pueden poner en riesgo la unidad de mercado'
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia teme que la creación de tribunales regionales ponga en riesgo el modelo independiente de defensa de la competencia y la unidad de mercado. Solana cree que el Ejecutivo puede hacer más por liberalizar los mercados.El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia teme que la creación de tribunales regionales ponga en riesgo el modelo independiente de defensa de la competencia y la unidad de mercado. Solana cree que el Ejecutivo puede hacer más por liberalizar los mercados
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Gonzalo Solana (Madrid, 1956, economista), estima que existe el riesgo de que la creación de Tribunales de Defensa de la Competencia en las comunidades autónomas pueda quebrar la unidad de mercado, además de dañar la imagen de independencia del tribunal. A su juicio, queda mucho por hacer en liberalización de mercados, pese al camino recorrido en los 12 últimos años, y advierte que 'la competencia perfecta sólo existe en los manuales'.
P. Es inminente la puesta en marcha de los Tribunales de Competencia en las comunidades. ¿Esta circunstancia tiene ventajas o inconvenientes para la política de defensa del libre mercado?
R. Va a poner a prueba nuestro modelo. Tiene riesgos, y me preocupan. Cuando hablamos de globalización o de unidad monetaria, nosotros estamos explorando líneas de mayor descentralización en la aplicación de la competencia. Pero hay una sentencia del Constitucional que ha decidido que las comunidades tienen potestad para aplicar la legislación de Defensa de la Competencia. Por tanto, todas las regiones, salvo Extremadura que no tiene atribuciones en comercio, pueden montar tribunales o servicios de competencia, o ambas cosas, que entenderán en conductas que afecten sólo a su territorio. Si lo excede, es cosa nuestra, y si surge un conflicto, será una junta consultiva la que resuelva. Habrá también un Consejo de Defensa de la Competencia que tratará de unificar criterios.
Creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad en la aplicación de la norma; si no conseguimos un mínimo de homogeneidad en la resolución o si se utilizan los tribunales como instrumentos dilatorios de procesos, estamos poniendo en peligro el modelo. Si no hay uniformidad, causará inseguridad a las empresas y se puede poner en peligro el principio de unidad de mercado, que es un principio básico.
P. Existe el peligro de politización de esos tribunales?
R. Siempre existe, hay que intentar que mantengan el principio de independencia del modelo estatal; si no, ponemos en entredicho todo.
P. ¿De qué salud goza la Competencia en España, tras 12 años de liberalización?
R. En estos años la economía española ha pegado un salto importante en liberalización de mercados. De un arraigo fuerte del proteccionismo y la autarquía, en algunas cuestiones estamos a la cabeza de la liberalización, y el Gobierno está ahora a la cabeza de Europa luchando por dinamizar los procesos de liberalización. Pero queda camino por recorrer para que la economía funcione bien y la sociedad se beneficie de ello. Están las pautas marcadas en algunos sectores estratégicos, como con hidrocarburos, gas, electricidad, etc. Los procesos requieren su tiempo, no se pueden hacer cambios de golpe y pretender que los mercados funcionen bien al día siguiente. Hay que tener las ideas claras y ser perseverantes, y eso a veces es difícil, porque cambian los ciclos, los Gobiernos, etc., pero sólo así se consiguen.
Y la Defensa de la Competencia ha ido adquiriendo protagonismo. Todo el mundo valora bien la competencia; pero, si nos afecta, nos gusta menos. Que haya competencia en los mercados, pero el mío que siga protegido.
P. Da la impresión de que hay competencia, pero no reñida, sino educada. ¿No se necesita otra vuelta de tuerca?
R. En todos los sectores se puede introducir más competencia. Pero en muchos casos, aunque elimines todas las trabas mercantiles, no habrá muchos oferentes interesados en entrar, porque el servicio o el producto no lo permite. Y evidentemente hay sectores con tendencias naturales oligopolísticas, porque exigen fuertes inversiones y no es fácil la entrada. Pero es evidente que, cuantas más haya, mejor.
En liberalización hay que avanzar con cierto gradualismo, sin tomar decisiones que puedan tener consecuencias indeseadas; hay que respetar también los derechos de las partes y no se puede estar permanentemente modificando y creando inseguridad, que pueden tener consecuencias, con paralización de inversiones.
P. El efecto en precios de la liberalización y la competencia no se aprecian.
R. Es más complicado, en la formación de precios intervienen muchas cosas. Pero no se puede pretender controlar la inflación con unas cuantas medidas de liberalización y en un periodo corto. Se equivoca quien piense que eso puede dar resultados. Sólo se logran resultados a largo plazo.
P. ¿Qué sectores tienen todavía precios cautivos en los que sea preciso poner la lupa de la competencia?
R. Partimos de donde partimos y no se puede bajar la guardia. ¿Taxistas? Qué sentido tiene y que aporta a la mejora del servicio que tengan barreras de entrada como la carestía de las licencias o acotadas las zonas de recogida. ¿Farmacias? En qué vulnera al servicio y su calidad el que se abran más oficinas de farmacia. ¿Estancos? La distribución está liberalizada, pero no en su último tramo, la venta minorista. ¿Colegios profesionales? No acaban de acatar la legislación y hay continuas denuncias (abogados, agentes de propiedad, administradores de fincas).
P. ¿Colabora el Gobierno?
R. A mí me gustaría que se fuese más deprisa y se entrase en más terrenos en la liberalización, pero no es justo decir que no está avanzando.El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Gonzalo Solana (Madrid, 1956, economista), estima que existe el riesgo de que la creación de Tribunales de Defensa de la Competencia en las comunidades autónomas pueda quebrar la unidad de mercado, además de dañar la imagen de independencia del tribunal. A su juicio, queda mucho por hacer en liberalización de mercados, pese al camino recorrido en los 12 últimos años, y advierte que 'la competencia perfecta sólo existe en los manuales'.
P. Es inminente la puesta en marcha de los Tribunales de Competencia en las comunidades. ¿Esta circunstancia tiene ventajas o inconvenientes para la política de defensa del libre mercado?
R. Va a poner a prueba nuestro modelo. Tiene riesgos, y me preocupan. Cuando hablamos de globalización o de unidad monetaria, nosotros estamos explorando líneas de mayor descentralización en la aplicación de la competencia. Pero hay una sentencia del Constitucional que ha decidido que las comunidades tienen potestad para aplicar la legislación de Defensa de la Competencia. Por tanto, todas las regiones, salvo Extremadura que no tiene atribuciones en comercio, pueden montar tribunales o servicios de competencia, o ambas cosas, que entenderán en conductas que afecten sólo a su territorio. Si lo excede, es cosa nuestra, y si surge un conflicto, será una junta consultiva la que resuelva. Habrá también un Consejo de Defensa de la Competencia que tratará de unificar criterios.
Creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad en la aplicación de la norma; si no conseguimos un mínimo de homogeneidad en la resolución o si se utilizan los tribunales como instrumentos dilatorios de procesos, estamos poniendo en peligro el modelo. Si no hay uniformidad, causará inseguridad a las empresas y se puede poner en peligro el principio de unidad de mercado, que es un principio básico.
P. Existe el peligro de politización de esos tribunales?
R. Siempre existe, hay que intentar que mantengan el principio de independencia del modelo estatal; si no, ponemos en entredicho todo.
P. ¿De qué salud goza la Competencia en España, tras 12 años de liberalización?
R. En estos años la economía española ha pegado un salto importante en liberalización de mercados. De un arraigo fuerte del proteccionismo y la autarquía, en algunas cuestiones estamos a la cabeza de la liberalización, y el Gobierno está ahora a la cabeza de Europa luchando por dinamizar los procesos de liberalización. Pero queda camino por recorrer para que la economía funcione bien y la sociedad se beneficie de ello. Están las pautas marcadas en algunos sectores estratégicos, como con hidrocarburos, gas, electricidad, etc. Los procesos requieren su tiempo, no se pueden hacer cambios de golpe y pretender que los mercados funcionen bien al día siguiente. Hay que tener las ideas claras y ser perseverantes, y eso a veces es difícil, porque cambian los ciclos, los Gobiernos, etc., pero sólo así se consiguen.
Y la Defensa de la Competencia ha ido adquiriendo protagonismo. Todo el mundo valora bien la competencia; pero, si nos afecta, nos gusta menos. Que haya competencia en los mercados, pero el mío que siga protegido.
P. Da la impresión de que hay competencia, pero no reñida, sino educada. ¿No se necesita otra vuelta de tuerca?
R. En todos los sectores se puede introducir más competencia. Pero en muchos casos, aunque elimines todas las trabas mercantiles, no habrá muchos oferentes interesados en entrar, porque el servicio o el producto no lo permite. Y evidentemente hay sectores con tendencias naturales oligopolísticas, porque exigen fuertes inversiones y no es fácil la entrada. Pero es evidente que, cuantas más haya, mejor.
En liberalización hay que avanzar con cierto gradualismo, sin tomar decisiones que puedan tener consecuencias indeseadas; hay que respetar también los derechos de las partes y no se puede estar permanentemente modificando y creando inseguridad, que pueden tener consecuencias, con paralización de inversiones.
P. El efecto en precios de la liberalización y la competencia no se aprecian.
R. Es más complicado, en la formación de precios intervienen muchas cosas. Pero no se puede pretender controlar la inflación con unas cuantas medidas de liberalización y en un periodo corto. Se equivoca quien piense que eso puede dar resultados. Sólo se logran resultados a largo plazo.
P. ¿Qué sectores tienen todavía precios cautivos en los que sea preciso poner la lupa de la competencia?
R. Partimos de donde partimos y no se puede bajar la guardia. ¿Taxistas? Qué sentido tiene y que aporta a la mejora del servicio que tengan barreras de entrada como la carestía de las licencias o acotadas las zonas de recogida. ¿Farmacias? En qué vulnera al servicio y su calidad el que se abran más oficinas de farmacia. ¿Estancos? La distribución está liberalizada, pero no en su último tramo, la venta minorista. ¿Colegios profesionales? No acaban de acatar la legislación y hay continuas denuncias (abogados, agentes de propiedad, administradores de fincas).
P. ¿Colabora el Gobierno?
R. A mí me gustaría que se fuese más deprisa y se entrase en más terrenos en la liberalización, pero no es justo decir que no está avanzando.
'Queremos que los casos se resuelvan en seis meses'
El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia es consciente de que los procesos abiertos por vulnerar la competencia son muy largos y los recursos de los afectados pueden dilatar los conflictos varios años. Convencido de que esta circunstancia es antieconómica, el presidente del TDC propone soluciones. 'Cuando emitimos una resolución por conductas prohibidas del mercado, damos publicidad y multamos si procede, y ahí agotamos nuestra función. Y en el caso de las concentraciones tenemos un papel exclusivamente consultivo, para que el Gobierno tome las decisiones'.
'Nosotros ponemos una multa, pero no podemos evitar, hoy por hoy, que recurran a la Audiencia Nacional. Sí creo que hay que mejorar el modelo. Estamos buscando fórmulas para intentar acortar esos plazos. Los procedimientos se han revisado hace poco, pero los recursos a la justicia ordinaria son inevitables y largos por la falta de medios. Estamos aquí para que el mercado funcione mejor, pero si estos procesos, que duran seis u ocho años, nos lo impiden, pues sería necesario revisarlo. Estamos estudiando el caso italiano, que acaba de poner en marcha un modelo de procedimiento especial y sumario para la resolución de estos recursos con unos plazos máximos de seis meses. Haremos una propuesta a la Administración para hacer algo parecido en España. Tenemos que demostrar que si la competencia es un valor fundamental para el funcionamiento económico, estos procesos deben acortarse. Sería bueno para la eficacia económica'.