Competencia impuso 7,3 millones en multas en 2001
Durante el año 2001 el Tribunal de Defensa de la Competencia resolvió un total de 264 expedientes, de los que 28 tuvieron carácter sancionador, con multas por valor de 7.373.817 euros (1.226 millones de pesetas).
De los expedientes sancionadores, destaca sobremanera el de Repsol, con algo más de tres millones de euros de multa, seguido de la impuesta a los transportistas de Vizcaya por fijar descuentos y condiciones de facturación, con 1,26 millones de euros, o la sanción impuesta a Cepsa de 1,20 millones de euros. Desde que entró en vigor la actual Ley de Defensa de la Competencia en 1989, el Tribunal ha impuesto sanciones por valor de 76,6 millones de euros (127.450 millones de pesetas).
El 57% de las infracciones de 2001 se fundamenta en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe 'todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga por objeto restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional'. El mayor número de expedientes se ha concentrado en colegios profesionales (seis) y en el sector de distribución de hidrocarburos (cinco).
El tribunal resolvió nueve informes relativos a operaciones de concentración empresarial. De estos nueve informes, el dictamen del tribunal no se oponía a la operación en un total de cinco casos; en tres supeditada su no oposición al cumplimiento de una serie de condiciones (como en el caso de la non nata fusión Endesa-Iberdrola), y sólo en uno se oponía radicalmente a la operación.
Grandes superficies
A lo largo del ejercicio pasado, el TDC emitió 148 informes sobre autorizaciones de aperturas de grandes superficies, en las que evaluaba el impacto desde la perspectiva del libre comercio. La gran mayoría de los informes emitidos correspondió a Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana.
El Tribunal de Defensa de la Competencia se ha transformado en Organismo Autónomo Administrativo desde el primero de enero, lo que le da mayor autonomía para la contratación y gestión económica de sus recursos. En el año 2002 tiene un presupuesto de 384 millones de pesetas, frente a los 235 millones de pesetas de 1999. Según Gonzalo Solana, 'esta nueva estructura administrativa refuerza la independencia del Tribunal. Estamos en el camino de consolidar una estructura que mejore los servicios que prestamos', aseguró ayer.