Cataluña llevará la ley del déficit cero ante el Tribunal Constitucional
La Generalitat presentará, con toda probabilidad, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en diciembre del año pasado. El consejero jefe catalán, Artur Mas, confirmó ayer esta posibilidad, un día después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat dictaminase la inconstitucionalidad parcial de la mencionada ley. Mas aseguró que la decisión se tomará en la próxima reunión del Ejecutivo autonómico, que tendrá lugar el 5 de febrero.
El dictamen del Consejo Consultivo, realizado a instancias del Gobierno catalán, así como de los grupos parlamentarios de izquierda, considera inconstitucionales cuatro artículos de la ley, así como la disposición adicional única. También encuentra indicios de inconstitucionalidad en cuatro artículos más y la disposición adicional de la ley complementaria.
Este organismo argumenta que se vulnera la competencia financiera de las autonomías y de los municipios. Entre otras cosas, cuestiona que el objetivo de estabilidad económica de los ayuntamientos pueda ser fijado por el Ministerio de Hacienda o que el Consejo de Política fiscal y financiera tenga que emitir un informe sobre el objetivo de estabilidad de las comunidades. Se opone asimismo a que las autonomías tengan que pedir permiso al Estado para realizar determinadas operaciones en el extranjero o para emitir deuda. Considera que el único límite para el déficit público es el que determina la UE (un 3% del PIB).
El dictamen, no vinculante, fue aprobado con la oposición de tres votos particulares. Dos de ellos consideran que la ley no es inconstitucional porque obedece a directrices comunitarias, que prevalecen sobre la legislación estatal.
La resolución del Consejo Consultivo abre también la puerta a la presentación de un segundo recurso, en este caso por parte del Parlament. La Cámara catalana convocará una sesión monográfica para debatir esta posibilidad.
Fondo de solidaridad
Por otra parte, siete comunidades autónomas aportaron más de 21.136 millones de euros (3,5 billones de pesetas) en el año 2000 al fondo de la solidaridad regional. Madrid y Cataluña encabezan la lista de las regiones solidarias que transfieren renta a las comunidades autónomas más atrasadas. A este grupo también pertenecen Baleares, País Vasco, Navarra, Canarias y La Rioja. Todas ellas ceden una media de 1.270,4 euros (211.382 pesetas) por habitante, mientras que las más atrasadas reciben de media 902,3 euros (150.130 pesetas) per cápita.