El vicepresidente Cheney se niega a informar de sus encuentros con Enron
Pese a todas las cautelas de altos cargos de la Administración, el caso Enron ha llegado a la Casa Blanca. La Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO en sus siglas en inglés) ha dado esta semana de plazo al vicepresidente, Richard Cheney, para que desvele el contenido de sus conversaciones con Enron en 2001. En caso de que no lo haga, le demandarán. Cheney dice estar preparado para acudir ante la justicia.
Mucho está subiendo la temperatura en Washington la víspera del primer discurso sobre el estado de la Unión del presidente, George Bush. El vicepresidente, Richard Cheney, ha asegurado que la GAO está yendo más allá de sus competencias al pedirle los documentos sobre las reuniones que mantuvo con los responsables de Enron en 2001. Cheney se ha mostrado dispuesto a ir a los tribunales a defender su posición. El vicepresidente cuenta con el apoyo de Bush.
En una rueda de prensa posterior a su encuentro con el primer ministro de Afganistán, Hamid Karzai, el presidente dijo que no se puede 'dar publicidad a las opiniones externas que pedimos'. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, admitió ayer que esta confidencialidad perjudicaba la imagen de la Casa Blanca, pero que se debía 'hacer lo correcto y no obedecer a presiones'
De acuerdo con Cheney, estos encuentros (hasta seis) tenían como objetivo recoger las impresiones de la industria ante las normas desregulatorias en preparación y por tanto están, según su criterio, amparadas por la confidencialidad que reinaba en estas reuniones.
La GAO quiere comprobar hasta qué punto fue influyente una empresa en la política energética del país teniendo en cuenta las generosas contribuciones que hacía a las campañas del presidente y el vicepresidente.
Tanto los analistas como las organizaciones medioambientales aseguran que el Gobierno ha hecho una regulación al dictado de las consignas de Enron y en lo único en lo que la Administración se mantuvo al margen, pese a los deseos de la empresa de Tejas, fue en la firma del Protocolo de Kioto. Enron estaba de acuerdo con el tratado porque al ser un intermediario energético vio en la compra y venta de cuotas de emisiones una oportunidad de negocio.
Impacto en Reino Unido
Las acusaciones de presiones han llegado incluso al Reino Unido. Ayer, el Gobierno de Tony Blair tuvo que decir que en las conversaciones que ocasionalmente se mantuvieron con Enron no se habló de regulación del sector.
Mientras tanto, en Houston (Tejas), sede de Enron, unos 400 trabajadores y pensionistas de la compañía interpusieron una demanda civil con el objetivo de ser compensados por los daños y perjuicios sufridos por invertir en el plan de pensiones presentado por la empresa que empleaba básicamente en acciones de Enron. Al caer por debajo de un dólar los títulos, los ahorros están perdidos.
Los abogados de los trabajadores dicen que se les engañó animándoles a comprar acciones cuando no se les hacía partícipes de la precaria situación. Los acusados son el ya ex presidente de la compañía, Kenneth Lay, su ex vicepresidente financiero, Andrew Fastow, la Nothern Trust, gestora de los planes y la auditora, Andersen.
El presidente de esta firma, Joseph Berardino, señaló dijo ayer en rueda de prensa que aunque sus clientes no les están abandonando, notan que 'los que no nos conocen bien, están menos dispuestos a contarnos, para ser franco'. Berardino dijo que Andersen sigue investigando la destrucción de los documentos de Enron.
Ayer la mujer de Lay, Linda Lay, en una entrevista a la cadena NBC decía que también habían perdido todo. Según Lay, su marido es una persona 'decente y con alta moralidad', que como el resto de los trabajadores está en una situación delicada. 'Excepto en la casa en que vivimos, lo demás está a la venta', decía la señora Lay, quien aseguraba que todo su patrimonio estaba invertido en Enron.