Derechos y torcidos
Derechos civiles, derechos de autor, derechos... y a veces incluso deberes, es lo único que se puede encontrar en Internet últimamente, graciosamente sazonado de forma persistente con la frase 'pago por visión' en su horrible versión anglófila. Y el mes próximo se nos anuncia igual de activo en este campo.
El próximo sábado probablemente conoceremos ya qué derechos considera el Gobierno que podemos mantener en Internet y cuáles se arrogará la Administración en el polémico texto de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico). El viernes día 1 de febrero se ha prometido colocar el texto final de la proposición en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología (www.mcyt.es) para solaz de los internautas. Y ese día sabremos a ciencia cierta si hay o no indicios de restricciones a la libertad de expresión en el borrador de la ley. En todo caso, la polémica se intuye.
Responsables de agencias policiales y aduaneras de la Unión Europea con competencia en labores de inteligencia están estos días estudiando en Madrid mecanismos jurídico-legales que posibiliten la aplicación de políticas de seguridad frente al uso de las nuevas tecnologías por el crimen organizado. Y en este contexto se está estudiando una propuesta dirigida a incorporar a la normativa la no obligación de comunicar al interesado la intervención de sus comunicaciones por medios tecnológicos, incluyendo Internet y el correo electrónico.
Esto tiene traducción libre, pero bien podría sonar a espionaje puro y duro como el que ha anunciado el Ministerio chino de Información y Tecnología, que ha exigido a los proveedores de servicios de Internet que corten la conexión cuando alguien acceda a contenidos que no sean del gusto del Gobierno. Así de claro y contundente. Como material considerado subversivo tenemos artículos que promuevan el terrorismo, que amenacen la seguridad nacional, la unidad étnica (¿?) o lo que el régimen considera la reputación del país (J).
Pero no hace falta viajar a China para encontrar indicios de estas cosas. En una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno (www.noticias.com/noticias/2002/0201/ n02012320.htm), el diputado del BNG (Bloque Nacionalista Gallego) Carlos Aymerich recuerda unas recientes declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, en las que reconocía que la policía investiga desde hace meses en Internet los movimientos de los grupos antiglobalización.
Y en esa misma comunidad, se acaba de anunciar que todos los centros escolares públicos de primaria y secundaria tendrán limitado el acceso a aquellos contenidos en Internet que puedan afectar negativamente a la formación de los escolares, según el proyecto de filtrado de contenidos en Internet de la Consellería de Cultura y Educación. El problema estriba en dirimir qué contenidos afectan negativamente a la formación, porque el filtrado se hará mediante un software con un analizador semántico que clasifica automáticamente y en tiempo real el contenido a filtrar. Y el análisis semántico hecho por una máquina siempre tendrá dificultades en distinguir entre una página que incite a la promiscuidad sexual y un texto sobre la prevención del sida.
La delimitación de los derechos de todos es una asignatura pendiente no sólo en Internet. Pero convendría que afrontáramos la faena con la cabeza bien alta y no nos torciéramos del camino trazado por años de lucha en pos de la libertad y la dignidad del individuo.