Cardenal se querella contra los tres jueces que dejaron libre al Negro
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acordó ayer, junto con otros miembros de la cúpula fiscal, presentar una querella ante el Supremo contra los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dejaron en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, conocido como el Negro, quien aprovechó el permiso para fugarse. La fiscalía acusa a los tres magistrados de un presunto delito de prevaricación, castigado en el Código Penal con una pena de inhabilitación de entre 10 y 20 años.
El fiscal general del Estado solicita al Tribunal Supremo que admita la querella contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega; que se abra procedimiento contra ellos por un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta), y que se decrete su libertad provisional con la obligación de comparecer siempre que fueran llamados, y en todo caso, los días 1 y 15 de cada mes.
También pide que se abra una pieza de responsabilidad civil y que se de cuenta al Consejo General del Poder Judicial "a los efectos previstos en el artículo 383, 1º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Este artículo dispone que los jueces y magistrados podrán ser suspendidos cuando "se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". Es decir, en el caso de que el Supremo admita a trámite la querella del fiscal, los tres jueces encausados podrán ser suspendidos en sus funciones por el Consejo del Poder Judicial hasta que se decrete el archivo de actuaciones por no existir delito o se dicte sentencia. Si ésta es condenatoria, serán inhabilitados. En la querella no se descarta la imputación del secretario de la Sección Cuarta y del psiquiatra de la prisión de Valdemoro (Madrid). Se insta a que ambos declaren como testigos "en principio". El psiquiatra emitió un informe en el que afirmaba que Ruiz Santamaría padecía un "trastorno bipolar" con tendencia al suicidio. Los magistrados de la Audiencia Nacional, en contra del criterio del fiscal, dictaron el pasado 21 de diciembre el auto de libertad con fianza de 30.050 euros (cinco millones de pesetas) para Ruiz Santamaría basándose en el informe médico.
El fiscal considera, al narcotraficante huido, el delegado en España de una organización colombiana para el tráfico de cocaína. Pedía para el fugado 60 años de prisión y 414.689.352 euros (69.000 millones de pesetas) de multa. El juicio estaba previsto para el próximo lunes. Según la querella, la orden de libertad fue tramitada antes de que se depositara la fianza "claramente exigua", lo que, a juicio del fiscal, "facilitaba aún más la previsible y lógicamente esperada fuga".
El Supremo deberá, ahora, pronunciarse sobre la admisión de la querella. En el caso de que la admita a trámite nombrará un instructor y se abrirá procedimiento contra los tres jueces, que en este caso podrían ser suspendidos en sus funciones por el Consejo del Poder Judicial. Fuentes del Supremo apuntaron que es muy probable que la querella sea admitida para averiguar si se ha cometido delito o no.