Bruselas propone reducir a tres las lenguas de trabajo para recortar gastos
La ampliación de la Unión Europea (UE) añadirá 10 lenguas oficiales a las 11 actuales. Pero Bruselas quiere evitar a toda costa que se dispare el gasto en traducción e interpretación y acaba de iniciar una reforma de sus servicios lingüísticos que consagra el inglés, el francés y el alemán como lenguas exclusivas de trabajo. El plan contrasta con la voluntad del Gobierno Aznar de preservar el español como lengua de referencia en la UE.
La Comisión Europea (CE) aspira con la reforma a "prepararse para asumir el trabajo añadido de traducción e interpretación que traerá consigo la ampliación", ha declarado el presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi. "Esto implica modernización y adaptación", concluye el italiano, cuya llegada al poder comunitario hace dos años coincidió con la supremacía casi incontestable del inglés como lengua de trabajo en las instituciones europeas.
La CE se ha embarcado ahora en una racionalización de sus servicios lingüísticos que abocará a la utilización exclusiva del inglés, el francés y el alemán en el procedimiento administrativo y legislativo de la Unión, aunque respetando el derecho de todo ciudadano europeo a relacionarse en su lengua materna con las instituciones. Los textos finales, tranquiliza Bruselas, se encontrarán además disponibles en todas las lenguas oficiales, aunque en los borradores y las etapas administrativas intermedias se eliminará el gasto de la traducción.
El Ejecutivo de Romano Prodi, que hoy se reúne en Madrid con el Gobierno de José María Aznar, ha elaborado ya los dos documentos de trabajo para la reforma y negocia ahora su adopción con los sindicatos de los funcionarios. Aznar, celoso de la presencia del español en el entramado europeo, no ha dudado en proponer el inglés como lengua exclusiva para solventar la carestía de la expedición de patentes europeas en tantas lenguas oficiales.
El capítulo lingüístico es tan "sensible", según indican en Unión Sindical, una de las formaciones mayoritarias en la CE, que el vicepresidente Neil Kinnonck ha separado su negociación del resto de la reforma administrativa.
Pero, por otra parte, en la depuración del complicado proceso burocrático de la UE parece inevitable agilizar la babel lingüística. "Muchas veces", lamenta un funcionario, "meras cuestiones de trámite no se adoptan a tiempo porque falta una traducción convalidada". Fuentes comunitarias reconocen, además, que casi siempre prefieren trabajar con la versión original en la que se ha elaborado un documento.
Un millón de páginas al año y 10.000 citas
Los servicios de traducción e interpretación de la Comisión Europea ocupan al 8% de sus 24.600 funcionarios. La factura total del servicio, incluyendo todas las instituciones europeas, asciende a 800 millones de euros al año, un lujo asumible por la Unión si se tiene en cuenta que sale a dos euros por ciudadano. Pero cada nueva lengua oficial, cuando se inicie el proceso de ampliación a hacia el Este (hay 12 países candidatos), añadiría 165 nuevos traductores, 40 intérpretes para traducción simultánea y 40 asistentes administrativos.
La reforma del servicio lingüístico que ha iniciado la Comisión, con 2004 como objetivo, reducirá hasta 110 el número de traductores necesarios para cada nueva lengua.
Para ello, algunos traductores deberán ser competentes para traducir no sólo desde un idioma oficial a su lengua materna, sino también a una de las llamadas lenguas puente, que no son otras que el inglés, el francés y el alemán.