Los gasolineros rechazan los nuevos contratos de Repsol y Cepsa
El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa de la UE por la que los contratos de abanderamiento y suministro de carburantes no podrán superar los cinco años, frente a los 10 anteriores. La adaptación de esta ley al mercado español, que debía ser pacífica y sin problemas, ha vuelto a levantar las iras de los gasolineros, que han decidido rechazar los contratos y denunciar a Repsol y Cepsa ante el Servicio de Defensa de la Competencia.
Después de las dos resoluciones dictadas el pasado año por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), en las que condenó a las dos principales compañías, Repsol y Cepsa, a pagar 500 y 200 millones de pesetas (3,01 y 1,20 millones de euros) respectivamente, por imponer el precio a sus gasolineros abanderados, el sector de distribución de hidrocarburos se enfrenta a la adaptación de dichas resoluciones (ya que la suspensión cautelar de las sentencias no está aprobada) y a la trasposición de la norma europea que limita la duración de los contratos a cinco años.
Así, Repsol, Cepsa y también BP, que controlan más del 75% del mercado entre las tres, han procedido a adaptar todos sus contratos de abanderamiento a la nueva normativa europea mediante el envío de cartas a todos sus abanderados en las que adjuntan las nuevas condiciones de sus relaciones contractuales.
En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (Ceees), Juan Prats, confirmó a este periódico que buena parte de las cartas van a ser rechazadas por los gasolineros por las condiciones que imponen, así como por vulnerar los principios en los que se basaron ambas sentencias del TDC. "Una de las modificaciones que no vamos a tolerar es la desaparición de la cláusula que garantizaba un mismo precio de origen de los combustibles a todos los abanderados de una misma petrolera, garantía que ahora desaparece y propiciará prácticas de competencia desleal".
Red propia
Además de estos argumentos, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Andalucía ha ido más allá y ha decidido denunciar de nuevo ante el Servicio de Defensa de la Competencia tanto a Repsol como a Cepsa por continuar predeterminando en sus contratos los precios de los combustibles que deben fijar los gasolineros, según explica Andrés Delgado, presidente de la citada asociación. "Las compañías envían los nuevos contratos como novación del anterior y adjuntan un formulario en blanco que piden sea firmado. En la circular imponen a los agentes la comisión que cobrarán a partir de este año y, si quieren pasar a ser revendedores, apenas les ofrecen un descuento sobre el precio en origen equivalente a la comisión", explica Delgado. Por este motivo, demandan a las autoridades económicas del Gobierno que regulen de forma definitiva el mercado. Además, esta asociación alerta que la negativa a firmar el contrato no significa que éste quede invalidado.
Desde la empresa que preside Alfonso Cortina se reconocieron los problemas que han planteado algunos abanderados "como un intento por mejorar las condiciones económicas de su contrato".
Fuentes de Repsol confirmaron el envío de 2.300 comunicaciones, número que no equivale a las estaciones de servicio afectadas por la resolución del TDC, ya que esperan que la Audiencia Nacional decida la suspensión cautelar de la sentencia.
Al margen de la posible renegociación de las condiciones de los contratos, lo cierto es que una de las consecuencias directas que ha provocado el enfrentamiento judicial entre petroleras y gasolineros abanderados es la apuesta de las compañías por aumentar su red de puntos de venta propios. Prueba de ello es que en 1995 Repsol tenía 355 contratos de gestión propia, y a finales de 2001 alcanzó los 900.