Cada AVE a Francia pagará un peaje de 30 euros por kilómetro

El Gobierno acaba de fijar el primer peaje ferroviario, que servirá como referente para todas las líneas de alta velocidad. Fomento ha definido los cánones medios máximos de la primera línea férrea financiada con capital privado, el enlace de alta velocidad entre Figueres (Girona) y Perpiñán (Francia). El titular de la línea podrá cobrar un canon de hasta 1.340 euros (222.957 pesetas) antes de impuestos a cada tren de pasajeros que transite en esa línea, de 45 kilómetros. El peaje por kilómetro asciende a 29,77 euros (4.953 pesetas). La tarifa para los convoyes de mercancías será más barata, 550 euros (91.512 pesetas) por tren y 12,2 euros (2.034 pesetas) por kilómetro, para incentivar un tráfico estratégico.

El enlace de alta velocidad entre España y Francia, la primera línea ferroviaria de carácter privado que se pone en marcha en ambos países, ya dispone de un marco tarifario para poder alquilar el uso de la infraestructura.

Los cánones que acaban de fijar los ministerios del ramo de cada país tienen gran trascendencia porque son los primeros que se establecen con carácter oficial y, por tanto, servirán de referencia para el resto de las líneas de alta velocidad en construcción y en proyecto en España, financiadas mediante un modelo mixto configurado por fondos públicos y privados.

Ademas, la definición del coste de uso de la infraestructura es un elemento esencial para definir e implantar un modelo de liberalización del transporte, en este caso del ferroviario. Fomento se ha propuesto fijar ese modelo a lo largo de este año.

De momento, este mismo ejercicio, a través del GIF, Fomento tendrá que fijar el canon que cobra a Renfe por cederle el derecho de uso del primer tramo de la línea AVE Madrid-Barcelona, en concreto el trayecto Madrid-Lleida. Este peaje debería ser, en cualquier caso, más barato que el fijado para el enlace Francia-España, ya que el grueso de la financiación de esa línea son aportaciones presupuestarias y fondos de cohesión.

El capital privado que prepara sus ofertas para financiar y explotar la línea AVE que unirá la localidad de Figueres (Girona) y Perpiñán, cuyo presupuesto de ejecución oscila entre 721 millones y 900 millones de euros (entre 120.000 y 150.000 millones de pesetas), dispone ya de ese esquema de precios en el pliego de condiciones del concurso, al que ha tenido acceso este periódico.

El futuro titular de la línea, previsiblemente un consorcio formado por constructoras españolas y francesas, podrá cobrar a los trenes de pasajeros un canon medio máximo de 1.340 euros (en euros con el valor de enero de 2002) por tren durante al menos los tres primeros años de explotación, con lo que el canon medio por kilómetro y convoy se sitúa en 29,77 euros. Ese ratio medio se calculará sobre los distintos peajes que se puedan fijar para dos grupos tarifarios de trenes de viajeros: unidades de tren simples y unidades de tren dobles.

El peaje será más económico para los trenes de mercancías. Así, el canon medio máximo para los diferentes tipos de trenes de mercancías (convencionales, de automóviles y trenes de contenedores) no podrá superar los 550 euros, lo que equivale a 12,2 euros por kilómetro. Esta tarifa pretende estimular este tipo de tráfico, esencial para la competitividad de las exportaciones del país y que ahora se ve penalizado por el diferente ancho de vía de los dos países, lo que obliga a cambiar los ejes de los trenes o a trasladar contenedores entre trenes franceses y españoles.

Estas tarifas se indizarán hasta el año 2005, fecha estimada de entrada en servicio de la línea, en función de la inflación, según el índice que se establezca en el contrato de concesión con el adjudicatario.

Los candidatos propondrán una fórmula de revisión del canon a partir del año 2005, para lo que el pliego sugiere el uso del índice de precios al consumo europeo armonizado.

Con subvenciones

El concurso permite a los aspirantes solicitar subvenciones públicas a la inversión, tanto a los dos Estados como a la Unión Europea, pero prohíbe ayudas a la explotación.

Los seis grupos en liza, cinco de ellos integrados por grandes constructoras españolas y francesas, podrán reclamar distintos niveles de ayuda en función del plazo de explotación propuesto en sus ofertas.

Al menos una oferta deberá ser por un periodo de explotación de 50 años, según exigencia del pliego. También se permite que el plazo de explotación de la línea se vincule a los ingresos que vaya obteniendo el concesionario. Los seis aspirantes preparan sus ofertas, que deberán presentar a finales del próximo mes de marzo y el concurso se adjudicará antes de final de año.

 

Primer paso para la configuración del nuevo modelo ferroviario

El Ministerio de Fomento y los responsables de los sindicatos UGT y CC OO tienen como principal objetivo para este año la configuración de una comisión mixta encargada de debatir el modelo futuro por el que se regirá el transporte ferroviario en España.

Aunque no hay prisa, ya que la liberalización del sector comenzará a hacerse efectiva en la Unión a partir de 2004, el departamento que dirige Francisco Álvarez-Cascos, no quiere dilatar demasiado la negociación, consciente de que lograr el consenso de los sindicatos no será tarea fácil. De hecho, la fijación del canon por uso de la vía es el primer paso para poder elaborar ese esquema liberalizador.

Mientras tanto, las relaciones entre el Gobierno y los agentes sociales atraviesan un momento dulce merced a la política llevada a cabo por Fomento en Correos y en Renfe, que se ha asegurado la mitad del negocio del mantenimiento de los nuevos AVE y de parte de la fabricación.

Los sindicatos, por su parte, asumen como hechos consumados la separación de la gestión de la infraestructura de la prestación del servicio, si bien no está aún definido quién se hará cargo de cada parte del negocio. La pretendida extensión del modelo del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), dado su éxito en la Alta Velocidad, a la red convencional, defendida en su momento por Cascos, parece haber sido ahora abandonada, según fuentes cercanas a la negociación.

El pago del canon es bien aceptado por los sindicatos, quienes al tiempo recuerdan que este modelo, que ya se utiliza en países del entorno como Alemania, apenas ha calado. Lo cierto es que los sindicatos no quieren oír hablar de plazos ni fechas. Sólo esperan que el Gobierno no cometa los fallos del Reino Unido, que tuvo que dar marcha atrás al proceso de privatización por deficiencias en el servicio y numerosos accidentes.