El derrumbe político impide la reorganización económica argentina
Un principio de revolución, furia y desesperación popular obstaculiza la estabilización de un poder político que elabore un programa económico de urgencia. Tres destacados gobernadores provinciales del peronismo no concurrieron ayer a entrevistarse con el presidente provisional, Adolfo Rodríguez Saá, para tratar la formación de un nuevo gabinete de ministros. Para hoy se prevé una nueva movilización popular, tras la registrada el viernes que culminó con la renuncia de los ministros. El gobierno abandonó su proyecto de una tercera moneda. EE UU teme un "contagio" político a la región y hay temor por la inversión española.
La situación argentina es como un barco a la deriva. Los acontecimientos se suceden con un ritmo tan vertiginoso que los hechos producidos pocas horas antes, son rápidamente superados por nuevos acontecimientos inesperados. No otra cosa fue lo que ocurrió con la movilización de repudio al nuevo gobierno. La renuncia del gabinete de ministros y secretarios de Estado ha dejado a Argentina virtualmente sin gobierno desde la madrugada del sábado.
Anoche, Rodríguez Saá, quien asumió hace apenas una semana en medio de una euforia desbordante de sus partidarios, negociaba desesperadamente con los gobernadores provinciales de su partido la formación de un gobierno que elabore una propuesta económica. Las fortísimas divisiones internas del otrora poderoso partido Justicialista fundado por el ex presidente Juan Domingo Perón, está colocando al país al borde del abismo. Cuatro importantes gobernadores, entre los que se incluye el de Córdoba, José Manuel de la Sota; de Santa Cruz, Néstor Kirchner y de La Pampa, Rubén Marín, no habían concurrido al encuentro que tenía lugar en la residencia presidencial. La amenaza de un vacío de poder derivado de la oposición del peronismo, el único partido tradicional que conserva algún ascendiente popular, podría derivar en una situación gravísima e inédita en la historia argentina.
De hecho, el país está paralizado desde el punto de vista económico y en plena ebullición política. La población continúa sin poder retirar su dinero de los bancos, por la vigencia de la congelación de los depósitos dispuesta por el gobierno anterior y mantenida por el actual. La decisión oficial de que el mercado cambiario no opere, adoptada el pasado día 19 de diciembre, continúa de manera indefinida por lo que el comercio exterior de Argentina no funciona. Ha comenzado el desabastecimiento de numerosos productos, en particular farmacéuticos. Para numerosos bienes importados no existen precios y hay aumentos en previsión de una devaluación que todo el país sospecha.
Bajo la presión de la banca, el peronismo y el gobierno de Rodríguez Saá ha dado marcha atrás en su decisión de crear una tercera moneda, denominada argentino. La falta de respaldo de las reservas y el seguro efecto inflacionario de esa iniciativa, hizo cambiar los planes del gobierno que, ahora, emitirá 2.000 millones de pesos (unos 2.200 millones de euros) en bonos Lecop, una cuasi-moneda de la que ya circulan en el mercado 1.300 millones de pesos (alrededor de 1.450 millones de euros).
Deuda y bancos
Si bien Argentina ha declarado formalmente una moratoria de la deuda externa, el gobierno pagó el pasado viernes un vencimiento de 17 millones de dólares que adeudaba al Fondo Monetario Internacional (FMI). En la misma línea, se ha confirmado que se respetará el canje de títulos de la deuda pública realizado por el ex ministro Domingo Cavallo con los tenedores locales de esos bonos.
Se trata, fundamentalmente, de papeles que están en manos de los bancos argentinos y españoles, así como de los fondos de pensión privados controlados por esas entidades. Si el gobierno hubiera decidido hacer ingresar a la moratoria esos bonos, la quiebra de esas entidades sería un hecho, más allá de la protección que tienen con la congelación de depósitos. A pesar de esta última medida, 900 millones de dólares han salido de los bancos argentinos en diciembre. El Banco Central ha dado ayuda a esas instituciones, en pases y redescuentos, por un valor de 2.000 millones de dólares en el mismo mes.
El gobierno de Estados Unidos observa con temor la evolución de la situación. El Tesoro y el FMI, que favorecían la suspensión de pagos y la devaluación del peso desde mayo pasado, se han encontrado ahora con un cuadro político que hace temer no tanto por un "contagio" económico sino por un mal ejemplo político en otros países emergentes de la región.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Wim Duisenberg, minimizó ayer una extensión de la crisis argentina a México, Perú o Venezuela, pero no desestimó efectos serios en el sistema financiero mundial.
España teme la devaluación del peso
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, dejó en claro dos cosas en su visita de la semana pasada a Buenos Aires. Los inversores españoles quieren evitar una devaluación del peso, cuyo costo en término de beneficio y capitalización bursátil sería altísimo para las empresas con presencia en Argentina. Y, en segundo lugar, que España se prepara para "una crisis que se resolverá en días, semanas o meses, si no en años". Mientras, los banqueros estadounidenses con intereses en el país suramericano, con el apoyo de Washington y el FMI, ven en la devaluación la posibilidad de ingresar en ese mercado a muy bajo costo, los empresarios españoles temen que ese escenario ponga fin a su "aventura americana". El desdén con que la Administración Bush ha abordado la crisis argentina desde lo económico, contrasta con la preocupación extrema de España, con inversiones por 40.000 millones de dólares (45.000 millones de euros). El único punto de coincidencia entre los intereses de los dos primeros inversores extranjeros de Argentina pasa por la exigencia al gobierno argentino para que abandone veleidades populistas, y para que elabore un programa ortodoxo con el FMI. Sobre esa base, "el Fondo propiciaría un paquete de rescate de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para Argentina", dijo un importante banquero a este periódico. "Para ello se ejercería presión sobre el G-7, aunque está claro que EE UU y el FMI pedirían a los europeos, y sobre todo a España, que aporte la mayor parte del dinero por su exposición en el país".