El monto de la deuda total supone el 72,8% del PIB
La suspensión de pagos formal declarada el domingo pasado por el nuevo Gobierno ha puesto de relieve el enorme volumen de la deuda pública y privada de Argentina, en medio de una economía nacional devastada. A comienzos de 1989, cuando el país enfrentó su última gran crisis económica y financiera, que culminó en una hiperinflación del 5.000% anual, las obligaciones externas del Estado argentino totalizaban 60.000 millones de dólares. El endeudamiento del sector privado era insignificante. Una década después de la instauración del tipo de cambio fijo entre el dólar y el peso, de la apertura sin límites de la economía y de la privatización de la totalidad de las empresas públicas, la deuda total, pública y privada, de Argentina se ha multiplicado por 3,5 veces.
De acuerdo con las cifras oficiales, la deuda del país suramericano supone el 72,8% del PIB y asciende actualmente a 214.000 millones de dólares (equivalente a de 240.000 millones de euros, 40 billones de pesetas), de los que 132.000 millones (147.200 millones de euros) corresponden a la deuda pública del Estado nacional. Las provincias deben a bancos y fondos de pensiones locales y extranjeros unos 22.000 millones de dólares (24.000 millones de euros), mientras que la deuda privada ha alcanzado cifras desconocidas en el pasado económico argentino, 60.000 millones de dólares (67.300 millones de euros).
Los principales grupos económicos argentinos están afrontando dificultades insalvables a la hora de cumplir las obligaciones con sus acreedores. Algunas ya han retrasado pagos en las últimas semanas, y se perfila un horizonte de tormentas para estas compañías.
A pesar de los constantes ajustes fiscales acometidos desde el inicio del sistema de convertibilidad diseñado por el ex ministro Cavallo en 1991 y de los ingresos logrados con la venta de los activos estatales, así como de los ahorros conseguidos a través de esas privatizaciones, el gasto del Estado no cesó de crecer. Todo el planteamiento de un esquema de desarrollo basado en la completa libertad de los mercados y en la concentración económica ha culminado en la mayor suspensión de pagos de la historia por parte de un Estado soberano.
Aun después de la larga agonía del último año, durante el cual el derrocado Gobierno de De la Rúa se resistió hasta el final a reconocer la inevitabilidad de la devaluación del peso, la nueva Administración peronista insiste en evitar lo que la realidad ya ha impuesto, la muerte de la convertibilidad o tipo de cambio fijo del peso y el dólar a la par. Las razones de este empecinamiento deben ser entendidas como un reflejo del colapso completo de la economía, que plantea de manera inmediata una quiebra de gran parte del sistema bancario y de las empresas.
Más en el fondo, la conducta del Gobierno anterior y del actual parece responder a las presiones de esos empresarios y banqueros que buscan, a toda costa, rechazar el fin de su hegemonía de la economía local.