El Poder Judicial admite una queja por retraso en tramitar una demanda
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admite en un informe que una mujer de Pontevedra ha sido víctima de un anormal funcionamiento de la Administración de justicia, que le originó "importantes daños patrimoniales y morales", según acredita el órgano de gobierno de jueces y magistrados. A raíz de este pronunciamiento, el Estado tendrá que indemnizar a esta mujer, según informa Europa Press.
Manuela Rivera denunció, a través de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, el retraso injustificado en la tramitación de una demanda por la paternidad de sus dos hijos gemelos, que el Tribunal Supremo atribuyó en sentencia firme, en 1996, a un inspector jefe de Policía de Santiago.
Según reconoce el CGPJ, "se aprecian numerosas demoras en la tramitación, así como el extravío de los autos por un plazo de tres años y cinco meses, lo que frustró la efectividad del pronunciamiento judicial". "Este fallo supone para mi una gran satisfacción moral, pero pienso que además debe servir para que otras personas en mi situación se animen a exigir una Justicia efectiva", manifestó Manuela Rivera.
El informe del CGPJ, que reconoce en este caso un funcionamiento anormal de la justicia, no entra en cambio en la responsabilidad patrimonial que compete afrontar al Estado. Habrá de ser el Ministerio de Justicia quien cuantifique la indemnización, si bien Manuela Rivera ya anunció que solicitará entre 15 y 20 millones de pesetas.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial reconoce una demora de tres años y cinco meses, los daños patrimoniales y morales se prolongaron durante seis años, que fue el tiempo transcurrido hasta que hubo sentencia firme, manifestó Manuela Rivera.
El Consejo General del Poder Judicial cuenta con una oficina en la que se recogen las quejas que los ciudadanos puedan presentar por un supuesto mal funcionamiento de la justicia.