Aznar quebranta sus viejas promesas electorales
La firmeza con la que el PP defendió en la oposición la conversión del Senado en Cámara de representación territorial intenta ser transformada ahora, como otros compromisos, en un espejismo.
Ningún dirigente del PP se atreve en estos momentos a defender en público que el Senado funciona mejor o es más útil de lo que lo era en 1996, antes de que José María Aznar ganara sus primeras elecciones generales. Sin embargo, la defensa que el entonces jefe de la oposición hacía de la reforma del título III de la Constitución para convertir esta Cámara en una auténtica institución de representación territorial, quiere convertirse ahora por el PP en una ilusión óptica, susceptible de convertir a quien la anhela, en este caso el PSOE, poco menos que en un elemento desestabilizador de la democracia. "Me opongo a la reforma constitucional. Algunas propuestas de reforma del Senado se desvían del espíritu de la Constitución", dijo Aznar en el 23º aniversario de la Carta Magna, orillando así una vieja promesa, una más de las que le acompañaron hace cinco años en su viaje a La Moncloa.
Tribunal de Cuentas y Oficina Presupuestaria. La reforma prometida por el PP para que la fiscalización externa de las cuentas del Estado y sus entes públicos ganaran en agilidad y eficacia, duerme aún en el programa de 1996. Aznar se comprometió, incluso, en esta oferta electoral a "garantizar la ejecución de las medidas que proponga [el Tribunal de Cuentas] por parte de los organismos fiscalizados". En el mismo paquete prometió la creación de una oficina presupuestaria en el Congreso para reforzar el control parlamentario sobre la ejecución de las cuentas del Estado. No sólo no se ha puesto en marcha cinco años después, sino que la Oficina Presupuestaria que funcionó en la primera mitad de la VI legislatura en el Palacio de La Moncloa, bajo la dirección de José Barea y Baudilio Tomé, permanece cerrada desde entonces.
Tres tramos para el IRPF. A la reforma fiscal prometida por Aznar todavía le aguarda un largo trayecto, incluso si se cuenta con los objetivos marcados para la que ha previsto en 2003. El programa con el que ganó las elecciones hace cinco años ofreció un impuesto sobre la renta de tres tramos, con un tipo marginal máximo del 40%. En la actualidad hay seis tramos y el máximo se sitúa en el 48%. La oferta fiscal incluyó también entonces la ampliación en dos años del plazo para mantener abiertas las cuentas ahorro-vivienda. En 1996 estaba en cinco años. No sólo no se amplió, sino que en 1999 el nuevo impuesto redujo este plazo a cuatro años.
La mejora de la fiscalidad prometida por Aznar también incorporó el compromiso de deflactar la tarifa del IRPF "para evitar subidas encubiertas de impuestos". Desde la última reforma del IRPF, esta deuda con los electores se ha incumplido.
Una CNMV más operativa. El PP ha esperado cinco años, hasta que ha estallado el caso Gescartera, para retomar el objetivo de "hacer operativa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dotarla de mayor autonomía", una meta ya fijada en estos términos en el programa de 1996. En su oferta electoral hay otra perla cuyo valor se realza a la vista de lo ocurrido con la comisión que ha investigado el caso citado. El PP prometió regular el trabajo de las comisiones de investigación para garantizar su "objetividad en la dilucidación de responsabilidades políticas", sin vincular su creación "a la exclusiva voluntad de la mayoría". Más aún: Aznar consideró un deber "regular la obligación del Gobierno y las Administraciones públicas" a suministrar al Congreso "toda la información y documentación que se solicite", sin más excepciones que el material declarado secreto oficial. La comisión de Gescartera se cerró sin que el Ejecutivo remitiera a la misma más de 30 documentos que la oposición considera claves para la investigación y que no están catalogados como secretos.
Televisión imparcial. "Los medios de comunicación públicos no son patrimonio de un partido". Antes de llegar al Gobierno central, el PP abrazó este lema, junto a la apuesta por una "televisión realmente pública y para todos que ofrezca información veraz e imparcial". "La TVE debe desterrar la manipulación y recuperar el pluralismo y la objetividad", se lee en la vieja promesa electoral, junto al compromiso de que RTVE sea sometida a un "control parlamentario eficaz".
Calles sin delincuencia. "Los españoles tienen que sentirse seguros", decía Aznar en la oposición. Para ello ofreció "el respeto a la ley en todos los rincones de España".