Corcuera y Vera alegan que no hay pruebas de malversación ni de enriquecimiento
Los abogados defensores del ex ministro del Interior José Luis Corcuera y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera pidieron ayer al tribunal que juzga el supuesto uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior la absolución de sus patrocinados. Alegan que no hay pruebas que demuestren una malversación de caudales públicos o enriquecimiento ilícito.
Los dos abogados Leopoldo Torres, representante legal de Corcuera, y Manuel Cobo del Rosal, defensor de Vera, fueron muy contundentes ante el tribunal y calificaron la acusación del fiscal de poco consistente, genérica e imprecisa. Ambos criticaron la investigación patrimonial a la que han sido sometidos los acusados, sus familiares y conocidos. Torres dijo que Corcuera ha soportado una investigación "brutal" y Cobo del Rosal la calificó, en cuanto a Vera, de "hiriente".
El abogado de Corcuera alegó que el ex ministro, para el que el fiscal pide seis años de prisión, nunca "ordenó, consintió o autorizó" el pago de sobresueldos. En cuanto a las joyas que compró a cargo de los fondos reservados para regalar a las esposas de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, el defensor manifestó que podría tratarse de un error jurídico o político por no haberse cargado en la partida de gastos de protocolo, pero, a juicio del letrado, nunca podría calificarse de delito.
Cobo del Rosal dedicó una buena parte de su alegato (hoy continúa) a dirigir duros ataques al fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, a quien acusó de ser parcial a la hora de acusar a unos u a otros y de tener en cuenta aquellas declaraciones del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán que más le convenían.
Cobo del Rosal se esforzó en desmontar cada indicio de prueba que el fiscal y el abogado del Estado presentaron ante el tribunal para solicitar que Vera sea condenado a ocho años de prisión. El letrado aseguró que sólo se trata de indicios equívocos y nada certeros. Añadió que nadie ha presentado pruebas directas sobre el enriquecimiento ilícito de Vera.