Hacienda aplaza el plan de pensiones a los funcionarios y ahorra 10 millardos
El Ministerio de Hacienda ha forzado la retirada de una enmienda impulsada inicialmente para promover las pensiones complementarias entre los casi tres millones de funcionarios y trabajadores de las Administraciones públicas para evitar un aumento del gasto público en el Presupuesto del Estado. La partida destinada inicialmente era de 10.500 millones de pesetas. El Grupo Popular volverá a incluir la propuesta en la tramitación parlamentaria de la Ley Financiera, que ahora analiza el Consejo de Estado.
El Grupo Popular presentó esta enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del próximo año y la retiró hace unos días. El texto faculta a la Administración pública, a las corporaciones locales y a organismos dependientes para que puedan "promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, así como a contratos de seguros colectivos" y de las mutualidades.
Otro punto de la propuesta, que hubiera sido aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en el Congreso y el Senado, permitiría a los funcionarios aumentar la cuantía de su pensión complementaria, ya que elimina el obstáculo de concurrencia. Ahora, la suma que los funcionarios perciben al jubilarse, por un lado, del Estado y, por otro, de su plan privado no puede superar el máximo legal permitido para una pensión pública (unos cuatro millones de pesetas anuales).
En la redacción de la enmienda, consta que "las prestaciones abonadas por el Estado no tendrán la consideración de pensiones públicas" ni se computarán dentro del límite que ahora se impone a los funcionarios.
Esta propuesta llegó a registrarse en el Congreso, pero luego se dio marcha atrás, según dijo ayer el portavoz del Grupo Popular en asuntos económicos, Vicente Martínez-Pujalte, en un debate sobre previsión social complementaria organizado por la Confederación Española de Mutualidades (Cneps).
La Secretaría de Estado de Presupuestos forzó la retirada de la enmienda para no tener que afrontar una partida suplementaria que incrementaría el gasto público, según fuentes conocedoras de la tramitación. Las aportaciones adicionales al salario de estos trabajadores contribuirían a aumentar la inflación, principal caballo de batalla del Gobierno.
Sin embargo, el Gobierno ya ha previsto en los Presupuestos una partida de 10.500 millones de pesetas (63,11 millones de euros) para capitalizar un fondo de pensiones para los empleados públicos. Pero las negociaciones con los sindicatos están estancadas porque no aceptan la propuesta de subida salarial.
Pujalte cree que el debate de la Ley Financiera "sería un buen momento para abordar" la previsión social complementaria de los funcionarios. La ley, que ha tenido una elaboración con grandes parones, se aprobará a lo largo del próximo año.
Las centrales sindicales apoyan esta medida porque no ven justo dejar fuera de la previsión social complementaria a un importante colectivo, como es el de los empleados públicos.
Martínez-Pujalte hizo ayer una encendida defensa de las pensiones complementarias. El PP quiere fomentar el ahorro a largo plazo para la jubilación mediante todos los instrumentos de inversión, pero preferentemente los planes de pensiones. Las mutualidades recibirán un impulso en la Ley de Acompañamiento ya que elimina el tope de prestaciones que podían pagar a sus asegurados en capital.