Hacienda no financiará a las regiones que no asuman el traspaso de sanidad

El Gobierno ha estado pergeñando en las últimas semanas la fórmula capaz de cercenar la soberanía de los territorios para asumir, o no, la transferencia sanitaria. Ayer la hizo pública: el Senado aprobó una enmienda que vincula sistema de financiación y sanidad, de modo que aquellas comunidades que no asuman la nueva transferencia no dispondrán de los recursos financieros generales.

Esta enmienda no sólo impone el traspaso sanitario en los términos económicos marcados por Hacienda, además logra romper la unanimidad de los socialistas en torno al pacto de julio. Las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que aún no gestionan la sanidad -Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Aragón- sólo podrían oponerse a un traspaso raquítico rechazando en comisión mixta el montante pactado en julio. Pero, si esto llegara a suceder, Andalucía se desmarcaría del bloqueo. Magdalena Álvarez, la consejera de Economía andaluza, ha reiterado, por activa y por pasiva, que por una vez en mucho tiempo el acuerdo de financiación "satisface los intereses de los andaluces".

Ayer, al término del Consejo Interterritorial de Salud, Francisco Sevilla, consejero asturiano y portavoz socialista en materia de transferencias, no quiso contestar a esta pregunta: ¿las comunidades del PSOE rechazarían la financiación autonómica para no sellar un traspaso sanitario insuficiente? Todo hace prever lo contrario.

El Ministerio de Sanidad se comprometió durante el verano a realizar las transferencias utilizando el criterio económico más favorable para los territorios (en unos casos coste efectivo, en otros, modelo de financiación), pero los acontecimientos del 11 de septiembre, la incertidumbre financiera mundial y la ralentización de la economía española han impuesto, finalmente, el criterio más ventajoso para el Estado, aquel que permita cumplir el objetivo de déficit cero. Es decir, Hacienda ha tomado las riendas de la negociación.

Además, los 136.000 millones de pesetas que el Estado pretende recaudar con el nuevo impuesto de hidrocarburos (cuatro pesetas, en el tramo estatal), lejos de financiar esta prestación, se destinarán a cuadrar las cuentas del Estado, según denuncian las comunidades.

En estas circunstancias, y ante la posibilidad de que los territorios no aceptasen los traspasos (tampoco Madrid, Castilla y León y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, han logrado alcanzar un acuerdo), el Gobierno hizo circular, en las últimas semanas, la opinión de que la financiación autonómica estaba ligada a la asunción de la competencia sanitaria; pero no debía estar muy claro en el acuerdo de julio cuando el PP se ha visto obligado a imponer el criterio vía enmienda.- Ayer, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, en uno de sus muchos ejercicios de cinismo político, aseguró que la medida se había adoptado "para que quede claro que ambas actuaciones son vinculantes, porque no lo estaba".

Los consejeros de Salud no sólo discutieron con el equipo ministerial los traspasos. Uno de los asuntos más polémicos fue el Pacto de Estabilidad Farmacéutica, que la ministra firmó como presidenta del Consejo Interterritorial sin contar con el beneplácito de todos los consejeros autonómicos.

Las comunidades socialistas transmitieron ayer su rechazo al acuerdo y exigieron que se "retire y deshaga". Ante la negativa de la ministra, los Gobiernos del PSOE pondrán en conocimiento de las partes, especialmente de Farmaindustria, que Villalobos no les representa y que, por tanto, "el pacto no les vincula", indicó ayer Fernado Lamata, consejero de Castilla-La Mancha. De todas formas, en este punto hay que recordar que la política de farmacia sigue siendo una competencia del Estado. Esta situación ha motivado que dos de estas Administraciones autonómicas, Andalucía y Castilla-La Mancha, hayan decidido, hasta el momento, presentar sendos recursos judiciales ante la Audiencia Nacional para impugnar el pacto. El consejero de Aragón, Alberto Larraz, manifestó ayer que también está estudiando esta posibilidad.

La ministra Villalobos no quiso desvelar si los territorios gestionarán parte de los fondos (50.000 millones) para investigación.