Cañete nombra a Quintiliano Pérez presidente de una empresa pública

Quintiliano Pérez Bonilla ha vuelto a la órbita pública de la mano de Miguel Arias Cañete. El Ministerio de Agricultura nombró el pasado lunes al ex director general de Ganadería presidente de Tragsatec, filial de Tragsa, grupo público dedicado a la prestación de servicios en el ámbito rural. Cañete intentó primero, sin éxito, que dirigiera Tragsega, la empresa pública que ha creado para gestionar la crisis de las vacas locas.

El nombramiento de Pérez Bonilla viene precedido por la polémica. No sólo por la sospecha de incompatibilidad que siempre ha pesado sobre su persona, tras conocerse que su familia tiene intereses en el sector del porcino y que su esposa cobró 25 millones en subvenciones de la UE por cultivar lino, sino porque la intención primera de Cañete era nombrarle presidente de Tragsega, la nueva empresa que ha creado el Gobierno para gestionar, entre otras cosas, la crisis de las vacas locas. Castilla-La Mancha, accionista de Tragsa, la cabecera del grupo, paralizó en julio este nombramiento.

Agricultura, que es accionista de Tragsa a través del Fondo de Garantía Agraria (Fega), convocó el 25 de julio a todos los accionistas de la compañía -el Fega, Hacienda y las comunidades de Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria y Madrid-. Arias Cañete pretendía que la junta de accionistas "despojara de activos a Tragsa", según un portavoz autonómico, diera luz verde a la constitución de Tragsega y nombrara a Pérez Bonilla responsable de esta última sociedad.

Tragsa se financia con la prestación de servicios a terceros. La compañía cuenta con unos fondos propios de 30.027 millones, su cifra de negocio ascendió en 2000 a 74.421 millones de pesetas y el beneficio neto fue de 2.548 millones.

Arias Cañete necesitaba en aquel momento el dinero para financiar la crisis de las vacas locas. Castilla-La Mancha, que se oponía al nombramiento de Pérez Bonilla, no asistió a la reunión, paralizando las tres decisiones. Bonilla, que dimitió en enero tras desatarse en problema de la EEB, ya había sido consejero de Tragsa durante su mandato como director general de Ganadería.

La Junta se celebraría finalmente el 5 de septiembre. Es entonces cuando Agricultura, consciente de lo "hiriente que puede resultar para el sector y del coste político que supone para el PP el nombramiento", según diversas fuentes consultadas, opta por constituir la empresa ganadera, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el 16 de noviembre, sin nombrarle a él responsable. La opción fue colocarle en la otra filial, Tragsatec, cuya actividad principal es la consultoría.

En cualquier caso, en aquella reunión sí se repartieron las reservas voluntarias. Agricultura, que posee 23.659 acciones de la compañía, se llevó 14.806 millones, Hacienda, con 5.916 acciones, 3.702 millones y las comunidades autónomas, cada una con una acción, 625.000 pesetas. No es este el único dinero que Agricultura ha sacado de las compañías públicas para financiar la EEB. Los fondos obtenidos de Mercasa podrían alcanzar los 4.000 millones.

Un portavoz de Agricultura aseguró ayer que para evitar "incompatibilidades", Tragsatec ha sido "despojada" de cualquier relación con la ganadería, pero comunidades y sindicatos piensan que el nombramiento encubre un cargo ejecutivo para llevar las riendas de todo el grupo Tragsa.