El control ambiental de la industria pasa a ser competencia autonómica
El control de las emisiones industriales pasará a ser competencia exclusiva autonómica, según el anteproyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (conocida por sus siglas en inglés, IPPC), que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación. Esta norma -que llega con un retraso de más de dos años respecto a la Directiva 96/61/CE que dictó el Consejo Europeo en octubre de 1996- obligará a casi 4.000 centros industriales a prevenir y limitar sus emisiones contaminantes al agua, aire y suelo, por lo que deberán acometer importantes mejoras tecnológicas.
Jaume Matas, titular de Medio Ambiente, que calificó esta norma como "la Ley General del Medio Ambiente en España", no hizo referencias económicas al coste de la incorporación de la Directiva europea al Derecho español. Pero un informe conjunto de la Fundación Entorno y el Instituto Tecnológico Agroalimentario Ainia calcula que los casi 4.000 centros industriales afectados deberán invertir en mejoras tecnológicas entre 142.000 millones de pesetas y 332.615 millones (853,4 y 1.999 millones de euros).
El sector agroalimentario y el cerámico son los principales afectados, respectivamente con el 46% y el 14% de los centros afectados en España, pero también industrias relacionadas con el tratamiento de sustancias químicas orgánicas y de producción y transformación de metales y minerales.
Entre las empresas de agroalimentación con tecnología más obsoleta se encuentran los mataderos, los fabricantes de elaborados y subproductos cárnicos, y las de zumos, conservas vegetales y lácteos. Entre las del sector cerámico, preocupa especialmente el sector de materiales de construcción de Bailén (Jaén), que deberá afrontar inversiones por más de 28.000 millones de pesetas.
Estas inversiones se hacen necesarias porque el anteproyecto de ley establece unos límites de emisiones para dichas actividades industriales que se han calculado a partir de la aplicación de "las mejores técnicas disponibles" para cada actividad en la actualidad. De no cumplir con estas exigencias, las empresas serán sancionadas con multas de 33,2 millones de pesetas a 332,7 millones (entre 200.001 euros y dos millones de euros), la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un plazo no superior a los dos años o, en el caso más grave, la clausura definitiva de las instalaciones.
El control de las emisiones de las instalaciones pasa a ser competencia exclusiva de los Gobiernos autónomos donde estén radicadas, con lo que se resuelve un problema de dispersión administrativa, pues, según reconoce Matas, "España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que intervienen más autoridades en la concesión de la autorización ambiental". La futura ley crea esta figura de la "autorización ambiental integrada", que coordinará en una ventanilla única integrada todos los permisos y controles anteriores.
En él se establecerán las condiciones de explotación de la instalación y se especificarán los valores límites de emisión de sustancias contaminantes al aire, agua y suelo. Dicha autorización se concederá por un plazo máximo de ocho años, al cabo del cual deberá renovarse. No obstante, los 4.000 centros industriales afectados tendrán de plazo de adaptación a estos límites de emisión hasta octubre de 2007. Estas industrias deberán evitar la producción de residuos y, en caso de producirlos, deberán gestionarlos preferentemente mediante su valorización energética.
En cualquier caso, el titular de Medio Ambiente señaló como "incentivo" a la inversión medioambiental la deducción del 10% en la cuota del impuesto de sociedades.
Matas insistió en que los términos de este anteproyecto se han consensuado con más de 80 asociaciones empresariales y resaltó "la importancia de esta norma de cara al futuro, sobre todo para la reducción de las emisiones contaminantes y para el cumplimiento de nuestros compromisos de Kioto".
Aunque el ministro reconoció que "siempre es arriesgado hacer una proyección a futuro de la reducción de las emisiones" que cabe esperar tras la promulgación de esta ley, señaló que para dentro de siete años facilitará una reducción del 10% sobre el nivel actual, lo que equivale a la eliminación anual y hasta 2008 de un volumen de contaminación parecido al de cinco millones de vehículos.
Matas duda de la credibilidad de Jiménez Beltrán
El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Domingo Jiménez Beltrán, manifestó la semana pasada en el curso de su conferencia inaugural del IV Congreso Nacional de Periodismo Ambiental que organizó la asociación Apia en Madrid: "España es el primer país europeo que incumple los acuerdos del Protocolo de Kioto por su porcentaje de cuotas compartidas de emisiones contaminantes, que ascienden a un 16,5%".
Jaume Matas replicó a Jiménez Beltrán durante la rueda de prensa posterior a la presentación del anteproyecto de Ley de IPPC: "Ha-ce tiempo que las afirmaciones del director general de la Agencia Europea de Medio Ambiente dejaron de tener credibilidad para el Gobierno de España". Y que le acusó de mantener reuniones unilaterales con el PSOE. No obstante, aseguró que el diferencial de emisiones contaminantes de España respecto al objetivo de Kioto -que permite un crecimiento del 15%- se sitúa en un 8,2%.