<i>Bush recluta al sector privado</i>
Los más de 50.000 reservistas del Ejército movilizados por el Departamento de Defensa de EE UU son sólo una pieza más del puzzle orquestado por el Gobierno de George Bush para librar su ambiciosa guerra contra el terrorismo. Bush está decidido a reclutar y movilizar a buena parte de la industria privada, que tendrá que aplicar importantes cambios en sus normas para adaptarse a la nueva era. Muchos de los cambios están siendo aprobados a golpe de leyes de emergencia, y elevarán sensiblemente el nivel de regulación de las industrias por parte del Gobierno federal. Algo que era visto con gran recelo por el propio equipo de Bush antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Los bancos tendrán que incorporar reglas contra el blanqueo de dinero mucho más estrictas que las que este Gobierno consideraba deseables antes de la ofensiva terrorista. El Tesoro piensa incluir en esta normativa a las firmas de valores de Bolsa. Los fondos de inversión de alto riesgo, que permiten ejecutar inversiones en todo el mundo con un alto grado de anonimato, están siendo investigados por el FBI y cada vez hay más voces que piden que se les apliquen controles más estrictos.
En el sector de transporte, los aeropuertos y aerolíneas deberán reforzar sus sistemas de seguridad y poner la revisión de pasajeros y equipaje a manos de funcionarios del Gobierno federal. Y lo mismo ocurrirá con el resto de la industria (ferrocarril, hoteles, navieras, etcétera). Además, el FBI quiere que las compañías de telecomunicaciones cambien sus redes para facilitar las labores de espionaje de sus agentes. Y ello atañe tanto a las telefónicas tradicionales como a los proveedores de servicios a través de Internet. De cara a la galería, las empresas y entidades financieras apoyan los cambios porque el país está en guerra y la discrepancia se considera antipatriótica. Pero tras las bambalinas, muchas libran una dura batalla para limitar al máximo el intervencionismo del Gobierno o que el erario público asuma los costes generados por las nuevas normas.
Los grupos de presión de las industrias están en contacto permanente con los congresistas para intentar añadir o quitar párrafos a los nuevos proyectos de ley. Como artillería ideológica utilizan los comunicados de los grupos de defensa de los derechos civiles (que consideran muchas de las nuevas normas como ataques a las libertades) y los informes de centros de estudio como el Cato Institute, para el que las normas contra el blanqueo de dinero son simplemente una herramienta para castigar a países que ofrecen ventajas fiscales. Bush ha conseguido sacar adelante muchas de sus propuestas regulatorias. Pero cuando el fragor de la batalla amaine, seguramente tendrá que rendir cuentas ante algunas industrias que se sientan damnificadas. La milicia empresarial no romperá filas ante la emergencia nacional, pero parece claro que se suma a la batalla a regañadientes.