La división de los autores impide a las empresas de vídeo saldar su deuda
Los fabricantes de vídeo y cintas reproductoras (Sony, Philips, Thompson, Sharp) han depositado en juzgados y notarías casi 2.000 millones de pesetas en concepto de pago de derechos de autor. Este dinero debe ir a las entidades de gestión que recaudan estos pagos, pero el enfrentamiento entre la SGAE y Dama hace que los fabricantes no sepan qué cantidad deben liquidar a cada uno.
La escisión de una parte de los integrantes de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en otra entidad de gestión denominada Dama -agrupa a los guionistas y autores audiovisuales- ha provocado un colapso en las liquidaciones de los pagos por derechos de au-tor que realizan los fabricantes de aparatos de vídeo y cintas reproductoras. Estas compañías encuentran dificultades para realizar estos pagos, pues lo que antes entregaban a la SGAE ahora lo deben repartir entre ésta y Dama, pero en una cuantía sustancialmente superior, según exigen estas instituciones.
Los fabricantes, distribuidores e importadores, entre los que se encuentran compañías como Sony, Philips, Sharp y Thompson, entre otros, no son capaces de establecer la cantidad que deben pagar a cada uno. Por ello han depositado en juzgados y notarías casi 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros), según fuentes de Aniel, la patronal del sector.
El pago responde al concepto de canon por remuneración compensatoria por copia privada. Esto quiere decir que los fabricantes y distribuidores deben pagar un porcentaje del precio de compra de una cinta de vídeo o de un equipo porque el consumidor la utiliza para grabar y reproducir películas y obras audiovisuales. Como las entidades de gestión no pueden cobrar directamente al usuario por derechos de propiedad intelectual, la ley permite que lo hagan a través de los fabricantes, distribuidores e importadores.
Estas empresas pagan al año unos 6.000 millones de pesetas (36,06 millones de euros) al conjunto de las entidades que gestionan la propiedad intelectual de los autores, productores, músicos, intérpretes, etc. Aproximadamente una tercera parte de este volumen es lo que estaba establecido que correspondía a los autores y que hasta hace poco más de un año se liquidaba con la SGAE.
Según Edmundo Fernández, subdirector de Aniel, el problema surgió cuando el Ministerio de Cultura acreditó a Dama como entidad de gestión, pero sin establecer los parámetros de pago.
La patronal se ha reunido repetidas veces con representantes del Ministerio de Cultura y ha pedido al Gobierno que cree las pautas necesarias para abrir una ventanilla única en la que cada empresa pueda hacer su autoliquidación. Luego serían las entidades de gestión las que se repartirían ese dinero.
Aniel ha solicitado también al Gobierno que intervenga en el establecimiento de porcentajes y sistemas de pago, algo que se ha denegado argumentando que es una cuestión de derecho privado en la que no puede entrar.
La patronal ha pedido a SGAE y Dama que ellas mismas se pongan de acuerdo para determinar la parte que cada una debe recibir.
Según Edmundo Fernández, además del inconveniente de los autores que no han cobrado lo correspondiente al año pasado, el problema que se encuentran las empresas es doble. Por un lado, tienen una inseguridad jurídica, ya que las compañías que han depositado sus cantidades correspondientes en los juzgados están a merced de lo que dicte el juez que puede interpretar y dictar la devolución del dinero a la empresa. Esta situación les hace estar en contra de la ley y las sitúa en una posición incómoda, según el directivo de Aniel. En estos casos, la mayoría opta por volver a depositar el dinero en un notario.
La otra inseguridad en que se hallan las compañías es fiscal, pues las facturas de pago llevan incorporado un IVA que no pueden repercutir. Estas diferencias entre las empresas y las sociedades de gestión les ha llevado a entablar varios procedimientos judiciales por ambas partes.