La empresa controlará las comisiones de los planes de prestación definida
El Gobierno quiere reformar la ley para que empresarios y sindicatos tengan el mismo peso en las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo, pero permitirá a las centrales conservar su mayoría en los planes de aportación definida y la empresa controlará los de prestación definida.
El Ejecutivo tiene claro las reformas de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones que quiere sacar adelante para fomentar los planes de empleo (aquellos que el empresario suscribe con sus trabajadores en el seno de la empresa).
Aunque en estos momentos, el Gobierno está negociando estas reformas con empresarios y sindicatos, tal y como obliga el último acuerdo de pensiones firmado en abril, fuentes cercanas al Ejecutivo aseguraron que hay dos modificaciones que tienen la intención de llevar a cabo haya o no consenso con todos los interlocutores sociales.
La primera de estas reformas se refiere a las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. En la actualidad y según la ley vigente los representantes sindicales de los trabajadores tienen la mayoría en dichas comisiones.
El proyecto que baraja el Gobierno diseña una comisión paritaria en la que la empresa y los sindicatos estén igualmente representados al 50% cada uno. No obstante, establece también el voto de calidad de una u otra de las partes, dependiendo del tipo de plan de pensiones. Si el plan es de prestación definida -en los que se fija la cuantía de la prestación que recibirá el trabajador-, todas las decisiones que afecten al coste económico asumido por la empresa exigirán el voto favorable de la mitad de la comisión formada por los representantes de dicha empresa. De esta forma se dará un poder a los promotores del fondo que ahora no tienen y que desde el Gobierno se entiende que puede ser un obstáculo para el desarrollo de estos planes.
Sin embargo, los sindicatos mantendrán su poder en los caso de los planes de aportación definida (los que fijan la cuantía de las contribuciones de los promotores y partícipes del plan). En éstos, se exigirá que las decisiones que afecten a la política de inversión cuente con el voto favorable de la mitad de la comisión formada por los representantes sindicales.
No discriminación
El otro gran cambio que pretende impulsar el Gobierno tiene relación con el principio de no discriminación de los suscriptores de estos planes colectivos. La normativa actual ya contempla la no discriminación, si bien para todo el personal que tenga, por lo menos, dos años trabajados en la empresa. Con la reforma de la ley que persigue el Ejecutivo se elimina cualquier requisito de antigüedad del trabajador en la empresa y, es más, éste podrá adherirse al plan desde su ingreso en plantilla.
El Gobierno pretende aprobar sendas modificaciones en Ley de Acompañamiento vía enmienda en el Senado, si bien es algo que se está negociando en estos momentos. Fuentes sindicales rechazaron la intención del Ejecutivo a aprobar la reforma sin consenso y recalcaron el compromiso gubernamental de no hacerlo.
Entre el resto de reformas que el Gobierno está negociando con empresarios y sindicatos se incluye también la posibilidad de que las empresas con más de 250 trabajadores participen en planes de empleo de promoción conjunta (los formados por varias empresas de un mismo sector).
El Ejecutivo descarta, sin embargo, nuevos incentivos fiscales a estos planes más allá de los aprobados a finales de septiembre, cuando se creó una deducción en la cuota del impuesto de sociedades del 10% de las aportaciones realizadas por las empresas a los planes colectivos de pensiones. La aportación es ahora gasto deducible en la base imponible y, a la vez, da derecho a deducción en la cuota del impuesto.