Las regiones piden que el impuesto de la gasolina costee parte de la sanidad
El Consejo de Política Fiscal y Financiera podría dar mañana luz verde a la cesión del tramo minorista del impuesto sobre hidrocarburos a las autonomías. El acuerdo, impulsado por CiU, permitiría a las comunidades disponer de recursos adicionales para financiar el gasto sanitario. Asimismo, esta medida podría impulsar las negociaciones para traspasar la sanidad. Ayer, en los territorios socialistas el discurso era común: primarán los intereses autonómicos en lugar de los partidistas.
La cesión del tramo minorista del impuesto sobre hidrocarburos a las comunidades autónomas podría recibir mañana el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así lo espera el titular de Economía del Gobierno catalán, Francesc Homs, que confía en poder disponer de este nuevo instrumento fiscal antes de finalizar 2002.
Aunque mañana no se irá más allá de la filosofía del traspaso del impuesto, en principio se trata de gravar la franja del precio de los carburantes que ya está liberalizada, es decir, la que permite a las gasolineras subir o bajar los precios. Sobre este tramo se fijará una cantidad o un porcentaje -por ejemplo, una o dos pesetas-, que se restará del beneficio teórico de la gasolinera y que se destinará, íntegramente, a financiar el gasto sanitario.
La Unión Europea sólo permite este tipo de recargo si se aplica con carácter finalista a sanidad o medio ambiente, como ya hacen Francia o Alemania.
A pesar de la buena sintonía de todas las comunidades en esta materia, Cataluña es la principal interesada en conseguir más recursos para financiar el gasto sanitario, que representa 863.000 millones de pesetas en los presupuestos de 2002 de esta comunidad. Esta medida podría aliviar también los problemas de comunidades como La Rioja, que se quejan de no tener recursos suficientes para pagar la factura sanitaria.
La creación de un grupo de trabajo conjunto para estudiar esta nueva figura tributaria era uno de los flecos pendientes de la última reunión del consejo. Otra cuestión que quedó por debatir fue la asignación o no de capacidad normativa a las comunidades sobre los impuestos de electricidad y matriculación. Mañana también está previsto abordar cómo se realizarán los nombramientos de los seis representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Dirección de la Agencia Tributaria.
Críticas socialistas
Antonio Beteta, secretario del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dijo ayer que no cree que las comunidades socialistas "vayan a tirar por la borda el pacto de financiación alcanzado el 27 de julio" y añadió que se ha convocado el consejo por respeto al "consenso" que pide el PSOE.
El secretario general de Política Fiscal no quiso opinar sobre el previsible voto en contra de los socialistas hoy en el pleno del Congreso a los proyectos de ley que permitirán la entrada en vigor del modelo de financiación.
La convocatoria de Hacienda viene precedida por la polémica. Por un lado, la decisión del grupo parlamentario del PSOE de no respaldar en comisión el proyecto de ley que modifica la Lofca, y, por otro, la queja generalizada de los territorios socialistas por la parálisis que sufren las negociaciones para transferir la asistencia sanitaria.
En privado, Hacienda ha hecho saber a las autonomías que la falta de consenso sobre el montante a traspasar para financiar la sanidad obligaba a convocar con antelación el consejo. Lo que ha causado cierto estupor es la decisión del ministerio de reunir a los consejeros para discutir los flecos de la última reunión, aunque bien es verdad que el orden del día deja abierto el capítulo de observaciones.
A estas alturas parece que va a primar el interés autonómico por encima del partidista, aunque Jordi Sevilla, portavoz de Economía del PSOE, aseguraba que ambos intereses son compatibles.