Hacienda inspecciona al Arzobispado de Valladolid por el 'caso Gescartera'
La Agencia Tributaria ha abierto una inspección fiscal al Arzobispado de Valladolid, para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, coincidiendo con la recepción por el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el sumario sobre Gescartera de 15 libros en los que se recoge la contabilidad de la citada jurisdicción eclesiástica entre los años 1996 y 1999, ambos inclusive.
La decisión de Hacienda de iniciar una inspección fiscal contra el Arzobispado de Valladolid, uno de los principales clientes de Gescartera, llega después de los numerosos interrogantes abiertos en torno a su contabilidad, denunciados por buena parte de los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que han ofrecido su testimonio a la comisión de investigación abierta en el Congreso. El más explícito de todos ellos fue el del ex jefe de Supervisión David Vives, quien acusó sin ambages al ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, de colaborar con el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, para intentar engañar al organismo supervisor. Esta actitud fue clave pues sirvió de apoyo a los consejeros de la CNMV que en el consejo extraordinario celebrado el 16 de abril de 1999 se opusieron a la intervención de la gestora.
El abogado contratado por el Arzobispado, Jesús Gómez Escolar, uno de los interlocutores con Hacienda en la inspección fiscal, ha entregado al Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional 15 libros de contabilidad correspondiente a los ejercicios 1996 a 1999, respondiendo al requerimiento hecho por la magistrada Teresa Palacios. En ellos se refleja que la inversión confiada por el Arzobispado a Gescartera a lo largo de estos cuatro años fue de 1.130 millones de pesetas. De este volumen, sólo le quedan por recuperar los 25 millones que el ecónomo Enrique Peralta confió a la agencia de Antonio Camacho a principios de este año.
La contabilidad entregada al juzgado revela que el rendimiento anual obtenido por este depósito se situó entre el 8% y el 10%, muy por debajo del 30% de rentabilidad media que arrojó la Bolsa en esos ejercicios.
El origen de los fondos invertidos, otro de los interrogantes que no ha podido ser desvelado ni en la comisión parlamentaria de investigación ni en el juzgado, se adjudica en los libros de contabilidad del Arzobispado a las donaciones particulares y también a las plusvalías obtenidas a través de otros depósitos colocados en algunas de las principales entidades bancarias.
Al Estado y al Popular
Parte de los 1.130 millones que el Arzobispado pudo recuperar a tiempo de Gescartera fueron invertidos en letras del Tesoro y otra parte en un fondo de inversión gestionado por el Banco Popular.
De la contabilidad entregada al juzgado se deduce también que el Arzobispado entregó todos los años sus cuentas al Registro Mercantil y que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Sociedades y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque estos extremos tendrán que ser verificados por Hacienda en la inspección fiscal que desarrolla estos días.
Según los datos suministrados a la juez por esta jurisdicción eclesiástica, el ecónomo Enrique Peralta maneja anualmente un presupuesto de 700 millones de pesetas, de los cuales 350 millones proceden de subvenciones estatales. El resto se completa a través de los intereses obtenidos de los depósitos bancarios y también de los donativos, aunque esta última partida es cada vez más exigua.
La copiosa documentación entregada por el Arzobispado a la Audiencia Nacional está siendo examinada por los peritos judiciales y por el fiscal del caso. La juez sopesa levantar el carácter secreto que todavía afecta a dicha pieza sumarial.
Sospechas de connivencia con Camacho y de manejo de información privilegiada
La forma en que el Arzobispado de Valladolid consiguió recuperar la mayor parte del dinero invertido en Gescartera sigue envuelta en una nebulosa que ni el juzgado que instruye el sumario ni la comisión de investigación del caso han logrado desvelar. El dato objetivo es que el ecónomo Enrique Peralta cobró el 30 de marzo de 1999 (17 días antes del consejo en el que la CNMV eludió la intervención de Gescartera) un cheque de la citada agencia por valor de 1.105 millones de pesetas, gracias a la aportación que en aquellas mismas fechas hizo a Gescartera la Mutualidad de la Policía, por importe de 750 millones. La investigación guiada por la CNMV hasta la salida de David Vives de la unidad de supervisión concluyó que este depósito fue clave para que el arzobispado pudiera retirar el dinero invertido, debido a la falta de liquidez.
Ni Hacienda ni los libros de contabilidad entregados al juzgado ayudarán a conocer quién fue el contacto del que se sirvió el ecónomo para retirar a tiempo el dinero de Gescartera. Algunos obispados, diócesis, congregaciones y órdenes religiosas no tuvieron esta oportunidad y quedaron pilladas en la estafa con cerca de 1.500 millones de pesetas. En el arzobispado se mantiene que la propia inspección abierta en 1999 por la CNMV fue la que alertó al ecónomo y le movió a salvar a tiempo el dinero. Sin embargo, el ex delegado de Gescartera en Valladolid Javier Valenzuela Seoane ha reconocido que fue él mismo quien avisó al arzobispado sobre la conveniencia de retirar el depósito, después de que el dueño de la agencia, Antonio Camacho, le pidiera que engañara a la CNMV.
Valenzuela fue fichado por Camacho tras verse afectado como director general de Economía de Castilla y León por el caso de la minería, en el que también se vio implicado el empresario y ex consejero de la Junta Miguel Pérez Villar, amigo de José María Aznar.
Los interrogantes sobre la actuación del Arzobispado de Valladolid no acaban aquí. Su ecónomo dio la conformidad a dos saldos distintos en pocos días, el primero por 30 millones y el segundo por 1.000, cuando la CNMV le pidió en 1999 información sobre sus cuentas en Gescartera. Fue lo que llevó a Vives a sospechar que Antonio Camacho y el arzobispado se habían conchabado para eludir los controles del órgano supervisor.