CNMV

La estafa ha existido siempre, independientemente de la ley. Carlos Solchaga teme que el Gobierno, acosado por el 'caso Gescartera', atente contra la flexibilidad administrativa del mercado de valores.

Si Dios no lo remedia, a iniciativa de este Gobierno acosado por sus responsabilidades en el caso Gescartera, se podría perpetrar un atentado contra la flexibilidad administrativa en el mercado de valores, mediante una reforma de la CNMV cuyo contenido y alcance no se conocen cuando escribo este artículo. La razón que esgrime el Gobierno y sus responsables económicos es que hay que evitar que vuelvan a suceder casos como el de Gescartera. Pero ésta no parece una buena razón, sino más bien una espesa y torpe cortina de humo. Primero, porque no existe legislación, por minuciosa que se pretenda, que pueda evitar que durante algún tiempo individuos desprovistos de escrúpulos puedan engañar a sus clientes y a las autoridades supervisoras. La estafa ha existido siempre, y si fuera cuestión de normas legales de carácter prudencial, hace tiempo que se habría desterrado del mundo de los negocios.

Pero, segundo y más importante, porque en el caso Gescartera los servicios de inspección de la CNMV han funciona-do en general bien, detectando en los primeros tiempos los com-portamientos irregulares de lo que era un mero chiringui-to y proponiendo las sanciones adecuadas, siguiendo luego con su vigilancia al observar que éstas eran recurridas e ins-pec-cionando adecuadamente lo que podría ser una estafa -la falta de justificación de las inversiones y de las garantías indi-vidualizadas de sus clientes- cuando Gescartera pasó a ser un negocio de mayores proporciones. Porque es entre 1997 y 2000 cuando esta entidad da un salto espectacular, auspiciada por clientela oficial y de la Iglesia y pasa de gestionar unos cientos de millones a gestionar miles, y cuando el jefe de la inspección Vives encuentra que faltaban por justificar 4.500 millones en 1998, lo que desemboca en la reunión del consejo de la CNMV de 1999 que decide la no intervención.

Los servicios de la CNMV han cumplido. Quienes no han cumplido han sido algunos de los que se reúnen en su consejo que, arriesgando un comportamiento rayando en la prevaricación e incomprensible en la responsabilidad de un cargo político, pusieron obstáculos al trabajo independiente de los servicios. Por qué arriesgaron tanto por una entidad tan menor dirigida por alguien de tal pobreza profesional y falta de escrúpulos es algo que deberían explicar, si no ante el Parlamento, donde han mostrado un comportamiento lamentable, sí ante el juzgado. Pero es imposible, conociendo la mentalidad de cualquier cargo público, pensar que actuaron con tal riesgo de autoimputación si no es porque estaban persuadidos de preservar con su actuación un bien mayor de esos que se suele describir en términos de conveniencia política más allá de las pequeñas decisiones administrativas.

Para tapar esto que todos los demás ya vemos y que quiera el Gobierno o no se acabará sabiendo, corremos el riesgo de que en el mercado las empresas se vean obligadas a tener unas exigencias administrativas desproporcionadas y hayan de pagar justos por pecadores. Como habrá de pasar igualmente con los contribuyentes si en la parte de este escándalo relacionada con la estafa, que la hay junto con el manejo y ocultamiento de dinero negro, que es donde se encuentra ese bien superior a preservar de carácter político, los jueces llegan a la conclusión de que el comportamiento de la CNMV hace al Estado responsable subsidiario de los daños sufridos por los clientes de buena fe de Gescartera (si es que los hubo).