Rato modifica el proyecto de Ley Financiera por el 'caso Gescartera'
Escarmentado por el caso Gescartera, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no quiere ningún tipo de asociación entre los auditores privados y la labor pública de inspección. Por eso, ha decidido que se saque del anteproyecto de Ley Financiera un enunciado que habilitaba tanto al Banco de España como a la CNMV para que se apoyaran en auditores externos en aspectos concretos de su función supervisora.
La Ley Financiera empieza a convertirse en un proyecto hecho casi a la medida del caso Gescartera. Después de exonerar de cualquier responsabilidad en lo ocurrido en la agencia de valores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y trasladar buena parte de la culpa a errores de control por parte de los auditores privados, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no quiere ningún tipo de asociación entre los auditores privados y la labor pública de supervisión.
Por eso tiene previsto eliminar del anteproyecto de Ley Financiera el enunciado que habilitaba tanto al Banco de España como a la CNMV para encargar a auditores externos la "verificación de aspectos puntuales" de las entidades supervisadas.
Según la medida incluida en los borradores del anteproyecto, los auditores podrían asumir una función de "auxiliares" de la función inspectora en ámbitos específicos, sin menoscabo de las responsabilidades de los organismos públicos.
De hecho, se obligaba a las entidades supervisadas a facilitar al auditor tanta información como fuera necesaria, y la falta de colaboración con el auditor se interpretaría como falta de colaboración con la inspección del Banco de España o de la CNMV.
El Gobierno argumentaba esta medida en que los recursos de la inspección no son siempre suficientes ante la creciente actividad de las entidades españolas en Latinoamérica y la irrupción de las nuevas tecnologías. Eso justificaba, en principio, cualquier propuesta para reforzar la supervisión.
Lo cierto es que la mayoría de los bancos centrales ya cuenta con este mecanismo para facilitar su labor y en España se vio como una fórmula razonable para agilizar el trabajo al Banco de España, que se encuentra con grandes dificultades a la hora de desarrollar su función en entidades extranjeras donde los bancos españoles cuentan con amplia participación.
El proyecto reforzaba también las potestades de los supervisores para que puedan exigir que las entidades ofrezcan a sus clientes las suficientes garantías técnicas y operativas al utilizar las nuevas tecnologías.
Reforma de la CNMV
Rodrigo Rato tiene previsto comparecer este viernes tras el Consejo de Ministros para adelantar las grandes líneas de la Ley Financiera, que todavía tiene que enviarse al Consejo de Estado (el órgano consultivo que debe dictaminar sobre los proyectos legislativos del Gobierno). Quedan, por tanto, varias semanas antes de que el Ejecutivo apruebe el anteproyecto, que estará al menos un mes en este órgano consultivo. Luego ha de volver a la comisión de subsecretarios y de ahí al Consejo de Ministros para su aprobación y envío a las Cortes.
El texto, que lleva en discusión más de un año, pretende ser una ambiciosa reforma para modernizar el sistema financiero, adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y, sobre todo, promover la eficiencia en los mercados financieros y la transparencia de las operaciones.
Sin embargo, el anteproyecto que recibirá el Consejo de Estado será muy diferente del texto que finalmente salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La mayoría de las modificaciones de calado se incluiría en la ley a través del trámite parlamentario. Así, la prevista reforma de la CNMV, que se está gestando en la actual comisión de investigación sobre Gescartera, se convertirá en núcleo fundamental del texto. Algunas de las novedades las adelantará el ministro en su comparecencia del viernes, con la intención de trasladar a los ciudadanos la convicción de que casos como el de Gescartera no volverán a repetirse.
También se deja para el trámite parlamentario la prevista modernización de las cajas de ahorros, con la limitación al 50% de la presencia política. En cuanto a las cuotas participativas, la idea sigue siendo incluirlas en un real decreto.