Cegasa coloca a sus principales ejecutivos en el consejo de administración de Solac
El grupo vasco Cegasa ha colocado a sus dos directores generales, Javier Arregui y Juan Carlos Cortabarría, en el consejo de administración de Azpillaga 2000, la sociedad instrumental propietaria del 98,7% del fabricante de pequeños electrodomésticos Solac.
Azpillaga 2000 está controlada por un consejo de administración de tan sólo tres miembros, aunque tiene la posibilidad de estar integrado por un máximo de cinco personas. El consejo ha sustituido en la gestión al anterior administrador único, Baltasar Marín, que se convirtió en el responsable de Solac para remontar la crisis de la empresa, que suspendió pagos en 1999 con un pasivo de 9.000 millones de pesetas (54,09 millones de euros).
Además de los dos consejeros citados de Azpillaga 2000, el tercero es José Miguel Azpillaga, directivo de Solac que intermedió en la venta de la compañía a Cegasa. El grupo fabricante de pilas y bombillas ha diseñado un plan de relanzamiento para Solac que incluye la utilización de la red comercial de Cegasa para recuperar cuota de mercado. Así, Solac espera facturar este año 6.000 millones de pesetas (36,06 millones de euros), cinco veces más que en 2000, año en el que consiguió unas ventas de tan sólo 1.200 millones de pesetas (7,21 millones de euros).
Juzgado de Vitoria
En estos momentos, accionistas minoritarios de Solac, que aglutinan el 1,3% del capital, han impugnado varias de las actuaciones de los nuevos gestores del productor de electrodomésticos. En concreto, se han opuesto a una ampliación de capital de 4.250 millones de pesetas (25,54 millones de euros) porque está inyección está planteada en su mayor parte como una aportación de créditos y no como un desembolso en metálico, necesario a su juicio para enjugar el patrimonio negativo de la compañía, que tiene un volumen similar al de la ampliación citada. Además, los minoritarios también han impugnado ante los juzgados de Vitoria el convenio de acreedores de Solac, que incluye quitas del 70%.
Fuentes del sector han señalado que la decisión judicial puede retrasarse tras el ataque terrorista que sufrieron la sede de los juzgados de Vitoria, por la explosión de un coche bomba colocado por ETA.