La empresa de la familia Rato arroja pérdidas desde 1999
Muinmo, SL, la empresa propiedad del vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, dedicada a actividades de radio, tuvo en 1999 unas pérdidas de 130 millones de pesetas. Las cuentas anuales de ese año no las depositó en el Registro Mercantil hasta julio de 2001. Nada de esto fue un obstáculo para que el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), la entidad que presuntamente Gescartera utilizaba para colocar dinero negro en paraísos fiscales, le concediera un préstamo de 525 millones en diciembre de 2000.
Muinmo arrojó en 1999 unas pérdidas de 129.925.730 pesetas, según el balance aprobado en la junta celebrada el pasado 30 de junio de 2000.
La radiografía contable de Muinmo revela que en 1998 había obtenido unas ganancias de 10.205.964 pesetas. La comparación entre los ejercicios de 1998 y 1999 demuestra también que la sociedad incurrió en un creciente endeudamiento. Un año antes de obtener el préstamo del Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), las deudas superaban los 545 millones, frente a los 158 del ejercicio anterior. Los gastos de personal de la sociedad rondaron en esos años los 110 millones de pesetas.
El balance de la sociedad describe también algunas operaciones sorprendentes como, por ejemplo, la venta de unos terrenos por valor de 11 millones de pesetas, lo que generó para Muinmo unas pérdidas de casi 30 millones de pesetas.
En el mismo ejercicio de 1999, la sociedad compró 263.000 acciones de Viajes Ibermar Sociedad Limitada por importe de casi 395 millones de pesetas. La citada compañía, constituida en 1972, perteneció al grupo de la familia Rato y se dedica a la explotación de una agencia de viajes.
Infracción mercantil
Si la situación económica de la empresa del vicepresidente segundo no parece muy solvente, su situación mercantil no es mejor. A día de hoy, Muinmo no ha depositado en el Registro Mercantil sus cuentas anuales del ejercicio 2000, una obligación con la que deben cumplir todas las empresas a los seis meses del cierre del año económico. Por tanto, si en diciembre se cierra el ciclo, en julio las cuentas deben hacerse públicas.
Según han confirmado fuentes del Registro, Muinmo ha incurrido en un incumplimiento legal de un año y tiene prevista una sanción de entre 300.000 y un millón de pesetas. No obstante, desde el Registro aclaran que esta sanción casi nunca se llega a aplicar.
Este retraso parece una costumbre en la empresa que Rato comparte con sus hermanos. Las cuentas correspondientes al ejercicio de 1999 se depositaron en el Registro en julio de 2001. Y en años anteriores, las demoras de la empresa en hacer públicas sus cuentas también parecen la tónica general, aunque son menos significativas. Por ejemplo, los resultados de 1996 se depositaron en noviembre de 1997.
La principal consecuencia de incumplir el plazo legal previsto en la normativa mercantil para depositar las cuentas es el cierre del Registro. Esto impide que la empresa pueda inscribir las operaciones societarias que realice, como puedan ser cambios en su consejo de administración.
Una de las razones por las que la ley impone el depósito de las cuentas anuales en el Registro es para que al hacerlas públicas se garantice la seguridad del tráfico mercantil. De esta forma, quienes contratan con una sociedad pueden conocer su situación y saben a qué atenerse. Algo que no les ha debido importar a los máximos responsables de HSBC a la hora de valorar la conveniencia de conceder un préstamo de 525 millones de pesetas a una empresa que en 2000 aún no había presentado sus cuentas de 1999, precisamente las que reflejaban unas pérdidas millonarias.
El crédito de HSBC
Por otra parte, El Partido Popular y Convergencia i Unió impidieron ayer con sus votos que la comisión de investigación del caso Gescartera pueda recibir la documentación solicitada por el PSOE sobre las condiciones en las que el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation concedió a Muinmo el crédito de 525 millones de pesetas que la sociedad formalizó en diciembre del año pasado.
Los populares y los nacionalistas catalanes han establecido un criterio según el cual la citada operación crediticia no guarda relación con el caso Gescartera y, por tanto, con el objeto de la comisión de investigación.
Los socialistas han anunciado que recurrirán a todas las vías a su alcance para acceder a la información requerida. De momento, han pedido una nueva comparecencia del director general en España del HSBC, Jaime Galobart, para que explique las razones por las cuales ocultó durante más de una semana esta información al Congreso.