Hacienda elimina los plazos para corregir los desequilibrios fiscales de los municipios
Las corporaciones locales han logrado romper definitivamente el corsé financiero que imponía en un principio la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Partido Popular introducirá en el Senado una enmienda que eliminará del artículo 22 de la norma la coletilla medio plazo, para referirse a la vigencia del plan económico-financiero que deben elaborar comunidades y municipios cuando incumplan el objetivo de estabilidad.
Según explicó ayer Adolfo Dorero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, durante la presentación del libro La reforma de la financiación local en España, que ha editado el Instituto de Estudios Económicos, gracias a esta nueva modificación legal las haciendas locales no sólo podrán renunciar al objetivo de estabilidad presupuestaria cuando sus necesidades de inversión lo requieran; además, podrán no cuadrar el presupuesto durante varios años si esta inversión lo merece. La deuda viva a corto y largo plazo mantiene su límite en el 110% sobre ingresos corrientes.
Es el último paso en una negociación que comenzó cuando la FEMP descubrió que la redacción inicial de la ley de déficit cero restringía el uso de los préstamos a la refinanciación de créditos anteriores. Solventado éste y algún otro problema de carácter semántico, como el uso de la palabra desequilibrio, ahora han logrado eliminar el límite temporal impuesto a los desfases financieros.
El acto contó también con la presencia de Mercedes de la Merced, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid. De la Merced abogó por un modelo local que tenga la categoría de Pacto de Estado, como el autonómico, se financie con recursos tributarios, dejando la participación en ingresos del Estado para las haciendas más pobres, y apueste por la congelación fiscal. Sobre el IAE, De la Merced dijo que está en contra de su desaparición y propuso su desgravación en Sociedades o renta. Opinión no compartida por el Gobierno, como ayer volvió a recordar en el Congreso el secretario de Estado de Haciendas Territoriales, Gabriel Elorriaga.