El Gobierno rompe el diálogo social y decide hoy si reforma los convenios
El Gobierno decidió ayer romper el diálogo social que mantenía con empresarios y sindicatos, con el fin de negociar la reforma de los convenios, para que sea el Consejo de Ministros de hoy el que decida, a la vista de las posturas de las partes, si impone su propia reforma mediante un decreto. La patronal y las centrales sindicales criticaron duramente esta decisión y advirtieron al Ejecutivo de las graves consecuencias que tendría un decretazo en esta materia.
Las palabras de Aznar del martes, en las que expresó su "deseo" de que las negociaciones para reformar los convenios terminaran ayer como muy tarde, han caído como una losa en la mesa de negociación. Hasta tal punto, que la reunión mantenida ayer por empresarios, sindicatos y Ministerio de Trabajo no fue otra cosa que un "simulacro" de negociación, porque la decisión ya estaba tomada: ante la falta de acuerdo entre las partes, los responsables de Trabajo elaborarán un informe con las posturas encontradas de los negociadores y será el Consejo de Ministros de hoy viernes, a la vista de este informe, el que decida si decreta su propia reforma.
Así se lo trasladó ayer el secretario general de Empleo, Juan Chozas, que preside la mesa, a los representantes de la patronal CEOE-Cepyme y a las centrales CC OO y UGT.
Ayer, por primera vez en esta negociación, que se inició formalmente el 9 de mayo pasado, todos los interlocutores acudieron a la reunión con sus propuestas por escrito -la patronal no había elaborado un documento hasta ayer- pero no sirvió de nada. Chozas insistió en que el Gobierno sólo "estudiará" la situación pero, al tiempo, se mostró incapaz de dar ninguna garantía de que el Ejecutivo no apruebe hoy su propia reforma. "El Consejo de Ministros tomará mañana (por hoy) decisiones que exceden a quien les habla", dijo Chozas, de lo que se desprende que, casi con toda probabilidad, el Ejecutivo podría decidir mañana una nueva reforma unilateral, sin el consenso de empresarios y sindicatos. Se trataría de la segunda reforma impuesta en esta materia, tras el decreto de reforma laboral del mes de marzo.
La patronal fue ayer inusualmente dura con la postura del Gobierno. El secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, reprochó agriamente al Ejecutivo que su propuesta de reforma no incluya un mayor peso del contrato individual frente a los convenios sectoriales, ni reduzca los componentes inflacionistas de los convenios actuales, ni elimine los aspectos disfuncionales de las prórrogas automáticas de los acuerdos, conocida como ultraactividad. El documento de la patronal aboga por todas estas cosas.
Los representantes de UGT y CC OO incidieron en lo "inédito" e "imprudente" de la decisión de romper el diálogo social, cuando todos los interlocutores claman por más tiempo para la negociación, al considerar que es factible un acuerdo si se les deja margen para ello. Las centrales han reclamado incluso que la negociación pase a manos de sus secretarios generales y del Ministro de Trabajo para intentar salvar el diálogo.
A la vista de esta situación, empresarios y sindicatos se sienten "rehenes de la decisión que tome mañana el Consejo de Ministros" y advirtieron que una imposición disparará la conflictividad en las empresas. El documento de trabajo distribuye por ley las materias a negociar en cada ámbito y refuerza el poder de las empresas.