<I>Las crisis de las entidades financieras</I>
Manuel Muela asegura que al crecimiento exponencial de los mercados de valores en España no le han acompañado suficientes mecanismos de previsión y, en su caso, de resolución de crisis como la de Gescartera.
La presunta quiebra de la agencia de valores Gescartera, que se une a sucesos anteriores de menor entidad, pero no por ello menos dolorosos para los afectados, ha puesto de manifiesto los problemas de control y de garantías que afectan a una parte de nuestro sistema financiero, la relacionada con los mercados de valores, cuyo crecimiento exponencial en los últimos 10 años no parece haberse acompañado de los suficientes mecanismos de previsión y, en su caso, gestión de crisis. Circunstancia que resulta sorprendente en un país como España, que tiene una amplia experiencia de gestión de crisis bancarias, resueltas, en la mayoría de los casos, con escasos daños para los depositantes. La reacción del Gobierno, regulando las garantías de los inversores, es, en mi opinión, un paso significativo para restaurar la confianza.
En España el sistema de crédito, que incluye la banca privada, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, tiene depósitos por importe de 120 billones de pesetas. Por su parte los fondos de inversión administran hoy más de 29 billones de pesetas y, por último, la capitalización bursátil supera los 50 billones de pesetas. A ello habría que añadir todo el sector de seguros. El control de todo este conjunto que forma el sistema financiero se reparte entre tres organismos: el Banco de España, que controla las entidades de crédito; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hace lo propio con los fondos de inversión y las agencias y sociedades de valores, y la Dirección General de Seguros, que inspecciona este sector.
Hasta no hace mucho parecía que los problemas sólo afectaban o podían afectar a las entidades de crédito y a las compañías de seguros, pero, vista la situación, ese pensamiento tiene que variar radicalmente, porque fuera de esos sectores se manejan importantes recursos de terceros con riesgos elevados.
Si consideramos, además, las dificultades de los mercados financieros en los dos últimos años no hemos de extrañarnos que, sin perjuicio de las actuaciones fraudulentas, aparezcan situaciones de emergencia que requieran respuestas rápidas, tanto de gestión como de garantías, para evitar una crisis de confianza generalizada. En este sentido deberían ser de gran utilidad las enseñanzas derivadas de los problemas vividos anteriormente en nuestro sistema bancario.
Una de esas enseñanzas es que, cuando se detecta el problema por el organismo supervisor, éste se suele coordinar con el fondo de garantía correspondiente para conducir la gestión de la crisis, evitando en lo posible traspasar dicha gestión al ámbito judicial penal que, por su propia naturaleza, está impedido para responder con la presteza requerida en esta clase de situaciones. Eso no significa que el conocimiento de hechos delictivos no sea objeto de las oportunas querellas contra los administradores presuntamente responsables, pero normalmente las acciones oportunas suelen producirse cuando se ha avanzado suficientemente en el conocimiento y la gestión de la crisis y, en bastantes casos, cuando se ha resuelto la misma.
Otra enseñanza es que el alcance real de una crisis de una entidad financiera suele ser muy superior al que se presume inicialmente, porque, en la mayoría de los casos, los administradores de la entidad han puesto en práctica toda suerte de recursos para retrasar el descubrimiento de la situación por parte de las autoridades. Por eso no habrá que extrañarse de que esto suceda en el caso Gescartera, una vez que avancen las investigaciones y se afiance el control y el conocimiento de la sociedad por parte de los interventores.
La rápida decisión de regular los fondos de garantía de inversiones revela el propósito del Gobierno de dotar al organismo de control, la CNMV, de un instrumento auxiliar inexcusable para encarar la gestión futura de cualquier problema en el sector y, de paso, atender a los damnificados de crisis recientes. En este sentido deben ser bienvenidas las medidas adoptadas, ya que suponen una garantía adicional para los inversores que confían en nuestros mercados financieros.
El caso Gescartera podría ser el primer aviso serio de los problemas que quizá se hayan incubado durante unos tiempos en los que el vértigo, y también la osadía, se habían adueñado del negocio financiero. Es de esperar que todo quede en una advertencia, con toda su parafernalia de comportamientos irregulares y anécdotas que engordan nuestro abultado historial en la materia; pero, si por desgracia no es así, ya se cuenta con los instrumentos apropiados para afrontar con mayores garantías cualquier crisis en el mercado de valores.