La UE evalúa la necesidad de unificar la legislación en materia de contratos
La Comisión Europea ha abierto un debate para conocer de primera mano los problemas potenciales que suponen para el mercado interior las divergencias entre los derechos nacionales en materia contractual. La CE está evaluando la necesidad de promover un instrumento europeo, ya sea un reglamento, una directiva o una simple recomendación que unifique la legislación sobre contratos.
La Comisión Europea (CE) quiere averiguar si los problemas derivados de las diferentes legislaciones nacionales en materia de contratos están afectando al mercado interior. En definitiva, desea conocer si las diferencias en derecho contractual de los países obstaculizan las transacciones transfronterizas o aumentan su coste. Hasta ahora la legislación comunitaria ha ido atajando problemas concretos a través de la adopción de directivas sobre contratos específicos o técnicas de marketing concretas cuando se detectaba una necesidad de armonización. Ahora, la CE desea recoger información sobre la necesidad de llevar a cabo acciones comunitarias más amplias en el ámbito del derecho contractual.
Por esa razón, el área que dirige el comisario de Salud y Protección del Consumidor, David Byrne, ha puesto en marcha un mecanismo de consulta que pretende conocer de primera mano los problemas prácticos que hayan surgido como consecuencia de la divergencia de legislaciones a este respecto. Problemas que podrían impedir que tanto empresas como consumidores saquen partido del mercado interior debido a las distintas situaciones jurídicas nacionales.
La CE invita a participar en este debate tanto a las instituciones comunitarias co-mo al público en general, incluidas las empresas, académicos, asociaciones de consumidores y profesionales de la justicia. Las respuestas a la CE pueden enviarse antes del 15 de octubre a http://europa.eu.int/comm/off/green/index_es.htm.
Las áreas sobre las que actuaría la nueva legislación comunitaria abarcan los contratos de compraventa y toda clase de contratos de servicio, incluidos los servicios financieros, así como las normas sobre cumplimiento, incumplimiento, y las vías de recurso. También contemplará normas sobre cuestiones generales, como la formación de los contratos, su validez e interpretación.
Por lo general, los sistemas nacionales de derecho contractual establecen el principio de la libertad contractual. Sin embargo, pueden surgir conflictos entre normas obligatorias de la legislación de un país y normas obligatorias contradictorias de otra normativa nacional. Son éstos los conflictos que pueden incidir negativamente en las transacciones transfronterizas.
Para los consumidores, y en particular para las pymes, el desconocimiento de otros sistemas de derecho contractual puede desincentivar la realización de transacciones.
La existencia de normas legales nacionales divergentes hace que pymes y consumidores particulares se planteen la necesidad de obtener información y asesoramiento legal. Ese incremento de costes puede llevar a desistir de la transacción.