Concluye la protesta de Sintel tras aprobarse el plan del Gobierno

Con sólo cinco votos en contra y nueve abstenciones, los 1.756 empleados de Sintel decidieron ayer poner fin a las protestas que han mantenido desde el paseo de la Castellana de Madrid contra Telefónica y el Gobierno. El Consejo de Ministros se plegó a sus principales reivindicaciones y los trabajadores se marchan a casa, la mitad de ellos en la confianza de que en septiembre reanudarán su actividad laboral.

Adolfo Jiménez, presidente del comité de empresa, recibió una larga ovación a pesar de la tensión que generó su retraso de más de una hora en llegar a la asamblea, que se había convocado al mediodía de ayer. Le retuvieron los trámites notariales para firmar el préstamo del BBVA por valor de 2.5000 millones de pesetas (15 millones de euros), respaldado por el Fogasa, que saldará la deuda contraída por Sintel con los trabajadores hasta la suspensión de pagos, que supone seis nóminas.

Jiménez, que inició su alegato a favor de desmantelar el campamento asegurando que el ingreso era ya efectivo, recordó que la deuda salarial total de Sintel se eleva a 8.000 millones de pesetas.

Tras el expediente de quiebra de la empresa, que arrastra un pasivo de 20.000 millones de pesetas, se ha constituido esta semana una sociedad civil, Asociación para la Colaboración de Trabajadores de Sintel, formada por el administrador de la empresa, el Gobierno, trabajadores, sindicatos y Telefónica. æpermil;sta vendió la sociedad en abril de 1996 a la estadounidense Mas Tec, propiedad de la familia Mas Canosa, cuya gestión ha motivado la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación de Trabajadores de Sintel gestionará el plan social de la compañía, al que se ha comprometido el Gobierno. El plan pretende la prejubilación de una cifra "en torno a 500" empleados y la recolocación "para más de 800", a los que habría que añadir las bajas incentivadas.

Los trabajadores no podrán mediar a título personal en las ofertas de recolocación. Jiménez explicó que este proceso se abordará "no antes del 15 de septiembre", salvo que para entonces cuenten con algún socio industrial. "La posibilidad de que entre un socio real y financiero existe", afirmó Jiménez, que se resistió a citar nombres, aunque en julio señaló al grupo ruso Kamkabel, Dragados, FCC, El Corte Inglés e incluso a Ruiz Mateos.

La desconfianza en que el Gobierno no lleve a cabo el plan social acordado levantó voces en contra de abandonar el campamento, que sembraron la confusión. Sólo entonces, Jiménez blandió como prueba la carta que el ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, había enviado a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, tras haberse aprobado esa mañana la propuesta de plan social en Consejo de Ministros.

Sólo la filial de Dragados, Dyctel, y Elecnor han confirmado a este diario que Telefónica ha establecido esta semana con ellas un primer contacto para la recolocación. Su único inconveniente, aceptar la contratación indefinida y con el mismo sueldo.

 

Adiós a seis meses de protestas

"A partir de ahora no nos queda otra que cruzar el puente en brazos de otros", sentencia un joven ex ensamblador de Sintel con relación a las promesas de recolocación en empresas suministradoras de Telefónica en las mismas condiciones salariales y con contrato indefinido. En su opinión, no les queda otro remedio que confiar en los buenos haceres de la sociedad civil que gestionará el plan social de Sintel. Un plan que llegó tras el acuerdo en julio de los sindicatos (CC OO, UGT y Ciga) con el Gobierno, impulsado desde el Parlamento por IU, con el apoyo de los socialistas, y que ayer tuvo que poner blanco sobre negro el Consejo de ministros, después de que la Comisión Delgada del Gobierno para Asuntos Económicos lo rechazara el jueves.

"La sociedad no podría entender que no nos marchásemos ahora", señala este trabajador, que se deja embargar por la emoción al recordar los gestos de generosidad de los ciudadanos madrileños. No en vano han estado seis meses en el llamado Campamento de la Esperanza y han marcado un hito en la lucha de la clase obrera al conseguir que su protesta se convirtiera en un asunto político.