La querella sobre Sintel se dirige contra seis ex directivos, según el comité de empresa
La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos responsables de la quiebra de Sintel se dirige contra seis personas que gestionaron la empresa entre 1997 y 2000 de la antigua filial de Telefónica, según informó ayer Adolfo Jiménez, presidente de su Comité Intercentros.
La querella se dirige contra el ex presidente del consejo de administración de Sintel, Jorge Mas Santos (hijo del fallecido Jorge Mas Canosa) y su hermano Juan Carlos Mas Santos, que también formaba parte del consejo de administración. Se presenta, asimismo, contra Ricardo Campos, que fue vicepresidente; Juan Antonio Casanova Sansimón, consejero delegado; Pedro Novela, director financiero, y Juan Miguel Antoñanzas, que fue consejero y actualmente preside Uralita.
Según explicó Jiménez, el número de implicados podría ampliarse, ya que se van a abrir nuevas diligencias. Además de la querella se podría derivar responsabilidad civil "de algunas empresas, con lo que en caso de liquidación de Sintel las indemnizaciones serían para los trabajadores", añadió. Jiménez anunció que el Comité Intercentros va a personarse como parte afectada en la querella.
Por su parte, los representantes sindicales de CC OO y UGT y de los Ministerios de Trabajo y Ciencia y Tecnología estudiaron ayer los diferentes mecanismos (a través del Fogasa y el ICO) para pagar de forma inmediata las 11 nóminas que se adeudan a la plantilla. Según fuentes de CC OO, "los trabajadores podrían cobrar un anticipo de esta deuda antes de que finalice este mes".
Ambas partes están estudiando la posibilidad de crear una sociedad civil, formada por Telefónica, el administrador de la compañía, el Gobierno, trabajadores y sindicatos a fin de transferir todos los recursos económicos necesarios para pagar a los trabajadores, al tiempo que serviría de base para atender todas las propuestas incluidas en el plan de recolocación, como el programa de bajas incentivadas y el de prejubilaciones, para el que se estima un desembolso de 25.000 millones de pesetas.
No obstante, señalan las mismas fuentes, "la sociedad no comenzará a funcionar hasta que no se haya aprobado el convenio de acreedores y se haya ejecutado el expediente de regulación que afecta a todos los trabajadores".
A la sociedad también se transferirá el recurso procedente de la quiebra (de 5.000 a 7.000 millones). Juan Carlos Aparicio manifestó ayer su confianza en que el conflicto se resuelva antes del 31 de julio.