POLÍTICA

El PSOE pide que los entes públicos se sometan a la Ley de Estabilidad

El PSOE reclama en sus enmiendas al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno someta a control público el conjunto de sociedades dependientes del Estado que acumulan el mayor aumento de deuda en los últimos años.

El primer partido de la oposición ha presentado una treintena de enmiendas al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria. La de mayor calado reclama al Gobierno que someta los objetivos de esta norma a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público que dependen de las tres Administraciones. Con ello se trata de no incentivar aún más la huida de los Presupuestos Generales del Estado y de los Presupuestos autonómicos de partidas de dinero muy considerables. En la actualidad, la deuda del sector público empresarial supera el billón de pesetas.

En opinión del portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista, Francisco Fernández Marugán, al paso que van las cosas, la Ley de Estabilidad Presupuestaria solamente servirá para controlar el gasto corriente de las Administraciones públicas.

En los últimos años han proliferado cientos de empresas dependientes de las comunidades autónomas, utilizadas por sus respectivos Gobiernos para aumentar los gastos e inversiones sin presionar sus presupuestos ni poner en riesgo los objetivos de déficit y endeudamiento comprometidos con Bruselas. No obstante, con la entrada en vigor de los nuevos criterios contables europeos, se hace obligado que este déficit encubierto generado a través de estas sociedades salga a la luz, al menos en parte.

El portavoz de Presupuestos del PP, Vicente Martínez Pujalte, no ve objeciones a la propuesta del PSOE, aunque hace constar que, en la actualidad, todas las empresas participadas con capital público en un porcentaje superior al 50% ya computan en términos de déficit público.

El Gurpo Socialista propone en otra enmienda que el Gobierno incorpore a los Presupuestos información suficiente sobre la deuda de todos los entes comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley.

También considera imprescindible destinar al fondo de reserva el posible superávit que pueda registrarse en la Seguridad Social, atendiendo a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este superávit ya se ha conseguido en los últimos años. A través de esta ley debe evitarse, según los socialistas, que las cotizaciones sociales sigan financiando prestaciones no contributivas e incluso déficit de otros sectores.

Si la previsión se cumple, el proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, y que fue aprobado el pasado mes de diciembre, será discutido en comisión a finales de este mes. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a que entre en vigor en enero del año que viene.