Chaves, Bono e Ibarra cifran en 815.000 millones lo que les adeuda el Estado
Las comunidades socialistas reclaman al Gobierno Central 815.000 millones de pesetas para liquidar la financiación del último quinquenio y firmar un pacto de Estado autonómico. PSOE y Gobierno discrepan sobre las razones jurídicas que avalan esta reivindicación.
La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica ha generado dos líneas de debate paralelas: por un lado se discute el sistema futuro (básicamente, qué porcentaje de impuestos indirectos se cederá a las comunidades, qué capacidad normativa y cuáles serán los mecanismos de solidaridad), y por otro, cómo se ha de liquidar los territorios socialistas -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura-, que no aceptaron el modelo 1997-2001.
La deuda exigida por estos Gobiernos regionales, que globalmente se eleva a unos 815.000 millones de pesetas, evidencia que la negociación política primará sobre las razones jurídicas, aunque éstas hayan sido esgrimidas una y otra vez por el PSOE para firmar un pacto de Estado.
El responsable de Economía del partido, Jordi Sevilla, reconocía a este periódico que la negociación, que iniciarán formalmente el próximo 18 de junio, tendrá en cuenta los recursos nuevos que Hacienda ponga sobre la mesa, lo que se conoce como la restricción financiera del modelo. En este mismo sentido se ha manifestado la Junta de Castilla-La Mancha, que para dar por finiquitados los pagos (del 98%) a cuenta exige 5.000 millones de pesetas. En cuanto a la deuda con Extremadura, diversas fuentes la cifran en 40.000 millones de pesetas.
Andalucía, por su parte, ha cuantificado en 770.000 millones de pesetas el perjuicio financiero ocasionado por el modelo de financiación autonómica.
La consejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, argumenta que sólo en concepto de población, la deuda asciende a 260.000 millones de pesetas. Cuando en 1996 se firmó el acuerdo, ya se conocían los datos de población de 1995; sin embargo, el Gobierno prefirió utilizar los de 1988. La diferencia son los famosos 460.00 andaluces que reclama la Junta, o mejor dicho, el dinero para financiar los servicios que les presta.
Chaves reclama también que el cálculo de sus transferencias (PIE) se haga siguiendo la senda de evolución de los ingresos tributarios del Estado (ITAE) y pide por éstos 433.000 millones de pesetas. Hacienda sólo ha facilitado a este periódico la tasa de crecimiento del ITAE correspondiente al año 1998, que fue del 7,2%, un ejercicio en el que los ingresos por IRPF cayeron un 9,8% y el PIB nominal creció un 6,7%, lo que da una clara ventaja al ITAE sobre los otros criterios de evolución.
Además, la comunidad andaluza pide que se le pague el 2% de la PIE que se le debe. A las comunidades socialistas no sólo no se les ha liquidado los años 1999 y 2000, como al resto de territorios (el cierre del 99 se conocerá en julio), sino que tampoco han recibido el resto de 1997 y 1998.