Galindo alega ante el Tribunal Supremo que le condenaron sin pruebas
El Tribunal Supremo celebró ayer la vista de los recursos contra la sentencia del caso Lasa y Zabala dictada por la Audiencia Nacional y por la que fueron condenados a penas que oscilan entre los 67 y 71 años de cárcel el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y tres guardias civiles por dos delitos de secuestro y dos de asesinato.
El abogado de Galindo, José María Fuster, proclamó la inocencia de su patrocinado y afirmó que fue condenado sin pruebas. Alegó que los hechos que la sentencia declara probados sobre que Galindo ordenó el secuestro y asesinato de los presuntos miembros de ETA Lasa y Zabala no están justificados en los fundamentos jurídicos de la resolución. Por lo tanto, pide la anulación de la sentencia.
Fuster afirmó que no quedó acreditada la participación del general en los hechos. Dijo que la sentencia "falla por todos los lados" y añadió que "todos los testigos que testificaron contra Galindo tuvieron para el tribunal presunción de veracidad y los que declararon a favor consideró que mentían".
El abogado de dos guardias civiles, Jorge Argote, así como Francisco Lozano, defensor de Elgorriaga, mantuvieron la vulneración del derecho a la defensa por habérseles negado la comparecencia de varios testigos y la práctica de otras pruebas. Argote criticó duramente la instrucción del sumario dirigida por el ex juez Javier Gómez de Liaño que calificó de "inquisitorial".
Argote manifestó que "si se hubieran aceptado y practicado las pruebas que se nos fueron denegadas, habrían cambiado el fallo y mis patrocinados hubieran sido absueltos".
El abogado de la acusación particular, Íñigo Iruín, se opuso a todos los motivos de casación esgrimidos por las defensas y pidió al Supremo que elevara las penas a los condenados porque existe en este caso el agravante de abuso de poder. Una tesis que apoyó el fiscal. Ahora el Supremo resolverá sobre la admisión de los recursos.