España exige liberalizar la energía para armonizar la fiscalidad
El Gobierno ha encontrado otra arma en su lucha para avanzar en la liberalización del sector eléctrico en la UE. El precio para lograr la armonización fiscal del consumo energético -un deseo mayoritario entre los Quince- será la apertura total a la competencia del sector eléctrico y del gas. Rodrigo Rato impuso ayer en Luxemburgo esta condición a sus homólogos de Economía y Finanzas de la Unión.
El Gobierno cavó ayer una nueva trinchera desde la que defender la liberalización de los mercados energéticos en la Unión Europea y esta vez extrema su actitud beligerante frente a las reticencias de algunos Estados miembros.
En marzo, la Cumbre de Estocolmo se negó, siguiendo a Francia y Alemania, al deseo de Bruselas, firmemente apoyado por España, de culminar la liberalización del sector en 2005. Además, los intentos de José María Aznar de equiparar privatización y liberalización -con Electricité de France en el punto de mira- fracasaron estrepitosamente ante la inteligente defensa del servicio público que planteó su homólogo francés, Lionel Jospin.
Pero en el próximo encuentro al más alto nivel, en la Cumbre de Gotemburgo dentro de una semana, Aznar y Rato no se limitarán ya, como en las últimas reuniones, a enviar alguna carta conjunta o solitaria reclamando un impulso a las reformas estructurales.
En esta ocasión, el Gobierno sube el envite, advirtió ayer Rodrigo Rato durante la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE en Luxemburgo.
El ministro planteó a sus colegas "claramente la necesidad de entender que la armonización de una política nacional, como es la política de impuestos sólo tiene sentido en el marco de un mercado interior que funcione", explicó en rueda de prensa. Y coligió, por si quedaban dudas, que "no siendo éste el caso del gas o de la electricidad (...), la racionalidad de hacerlo no acabamos de entenderla".
"Y tengo que decir que otros países están en posiciones similares", se arropó en seguida el ministro Rato. Fuentes del Consejo reconocían que el Reino Unido e Italia se habían identificado con la postura española. Los tres países han sufrido la incursión en sus mercados del monopolio eléctrico galo Electricité de France al mismo tiempo que París frenaba los intentos de aumentar las cotas de liberalización actuales (fijadas en 1997 en un mínimo del 30%).
Pero el resto de delegaciones no veían ayer el vínculo planteado por Rato. Como ya ocurriera con la fallida estrategia del Gobierno para resolver el reparto de los fondos comunitarios tras la ampliación de la UE (condicionando el proceso a una declaración a su favor), la mayoría de las delegaciones s consideraban ayer que armonización fiscal y liberalización son procesos que deben mantenerse separados. "No hay vínculo", zanjaba el ministro de Economía, Laurent Fabius. El ministro galo defendió además una "solución cooperativa" a los problemas planteados por la entrada de Edf en el conglomerado italiano Montedison, que ayer presentó una denun-cia en Bruselas contra la eléctrica francesa. El comisario de Fiscalidad, Frits Bolkestein, también rechazó tajantemente las tesis españolas.
Pero ayer Rato les ganaba la primera mano. Las orientaciones de política económica para el año 2001, que el Consejo Europeo debe respaldar en Gotemburgo, reconocen por escrito, en el borrador cerrado ayer, que "es necesario acordar un marco fiscal para la energía a nivel europeo". Tanto, añaden, como "crear un mercado único de la energía".
España frena
la directiva desde 1997
La armonización fiscal de la energía "por arriba" es una vieja aspiración de la Unión Europea para desincentivar el consumo de empresas y particulares. La Comisión Europea propuso en 1997 elevar los tipos de imposición mínimos pactados en 1992 para los carburantes y extender esa armonización a electricidad y gas, exentas en la actual directiva.
La propuesta logró en 1999 el apoyo de 14 Estados pero se topó con el rechazo absoluto por parte de España. El Gobierno ha aducido siempre la peligrosa repercusión de esa elevación impositiva tanto en la inflación como en la productividad de la economía española. Ayer, el ministro Rodrigo Rato añadió una novedosa condición. La armonización fiscal pasa por la liberalización.
El ministro deslindó su nueva condición de las negociaciones en curso con la presidencia sueca de la UE para consensuar un marco general de fiscalidad de la energía. España, dijo, sigue apoyando esa iniciativa que aspira a "que los hechos imponibles y otras variables impositivas se definan de la misma manera en todos los países".
Pero el deseo de Alemania y de la Comisión Europea de empezar a hablar de tipos de imposición mínima para todas las fuentes de energía deberá esperar.