España levanta el veto para avanzar en la creación de una patente europea
Bruselas ha conseguido dar un nuevo empujón a los trabajos para la creación de una patente europea. La presidencia de la UE ha ofrecido a España una solución de compromiso que otorga un importante papel a las oficinas nacionales de patentes. El acuerdo ha permitido desbloquear un proyecto que había entrado en vía muerta.
La Comisión Europea se ha propuesto crear una patente válida para los 15 Estados miembros de la Unión, cuyo principal objetivo es reducir los altos costes de gestión y los múltiples papeleos que realizan las empresas a la hora de proteger sus invenciones. En la actualidad, cada Estado miembro concede su propia patente. En el caso de que una empresa desee obtener una patente en más de un Estado puede acudir a la Oficina de Patentes Europeas, con sede en Múnich. Este organismo es independiente de la Unión Europea y su funcionamiento se regula por una convención en la que participan países no comunitarios.
En esta oficina, existe un procedimiento único de solicitud y concesión (en inglés, francés o alemán), pero la convalidación posterior de la patente en cada Estado miembro requiere la traducción a su lengua oficial. Los altos costes de traducción suponen una de las razones por las que una patente europea cuesta casi 50.000 euros (ver cuadro), cinco veces más que en EE UU y casi el triple que en Japón.
La Comisión Europea se propone integrar la Oficina de Múnich en el entramado institucional de la UE y otorgar validez inmediata en todo el territorio comunitario a las patentes que expida, sin necesidad de ninguna traducción. Las empresas europeas verán así reducidos sensiblemente sus costes a partir de 2002, fecha en que la Comisión desea iniciar el nuevo proyecto.
Sin embargo, España ha liderado la defensa de las oficinas nacionales de patentes a las que el proyecto de la Comisión dejaba, prácticamente, sin competencias. Algunos Estados miembros, como Portugal, no disponen de este organismo. Otros, como Reino Unido o Francia, pueden aprovechar las ventajas de la Oficina de Múnich, que trabaja en sus idiomas.
"Pero España ha realizado una fuerte inversión en nuestra Oficina Nacional", afirman fuentes diplomáticas. Y añaden que "constituye un camino asequible para muchas pequeñas y medianas empresas que no necesitan convalidar sus patentes en otros Estados".
Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, logró superar la pasada semana este enfrentamiento de intereses.
La base de trabajo otorga a las oficinas nacionales la misión de asesoramiento en las solicitudes de patentes, así como su remisión a la Oficina de Múnich.
Las oficinas también podrán realizar en su propia lengua, aunque con criterios armonizados, las llamadas búsquedas que preceden al reconocimiento de la originalidad de una invención.
La Oficina de Múnich deberá convocar además una conferencia intergubernamental para acelerar su conversión en organismo comunitario. A partir de entonces deberá compartir los ingresos generados por la tramitación de patentes con las oficinas de los Estados miembros.
Las lenguas de trabajo en Múnich siguen siendo una cuestión abierta, pero España está dispuesta a negociar.