Patrimonio traspasa nueve empresas a la SEPI para su privatización
El Consejo de Ministros acordó ayer incorporar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) los títulos representativos del capital de nueve empresas públicas adscritas a la Dirección General de Patrimonio del Estado, con el objetivo de "abordar procesos de reestructuración o privatización" en estas compañías y lograr su "máxima eficiencia"
Las empresas afectadas son la Agencia Efe, Alimentos y Aceites (Alycesa), Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), Trasmediterránea, Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, la Empresa Nacional de Autopistas, Expasa (Agricultura y Ganadería), Minas de Almadén y Arrayanes y la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (Seppa).
Además, el Gobierno acordó transferir a la SEPI las participaciones minoritarias que la Dirección General de Patrimonio tiene en Axis (Sociedad de Capital Riesgo) y en BEX Cartera (Sociedad de Inversión Inmobiliaria).
Este es el primer acuerdo que se produce después de que el Parlamento modificara la Ley de Patrimonio, con el fin de permitir al Gobierno trasladar participaciones públicas en sociedades de Patrimonio a SEPI y viceversa. Las sociedades traspasadas tienen un valor contable de 146.220 millones de pesetas y dan empleo a un total de 5.000 trabajadores.
Según el Gobierno, de este modo se incorporan al grupo presidido por Pedro Ferreras sociedades que deben abordar procesos de reestructuración o ser privatizadas, "aprovechando la experiencia de SEPI en estas situaciones". Además, el Ejecutivo quiere configurar Patrimonio como propietario de participaciones de empresas instrumentales que ejecutan políticas públicas.
Este nuevo paquete de reformas de la empresa pública, que dirige y lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, supone "impulsar la política de privatizaciones y los profundos procesos de liberalización que caracterizaron la pasada legislatura, así como una política de reestructuración empresarial que optimice la utilización de los recursos disponibles en SEPI y en Patrimonio".
Por otro lado, el consejo de la SEPI acordó hoy el nombramiento como vicepresidente del ex director general de Patrimonio Pablo Olivera, informaron fuentes del grupo público. Olivera, abogado del Estado que asumió la Dirección General del Patrimonio del Estado en enero de 1999, ocupará una de las dos vicepresidencias de la SEPI, junto con Jordi Dagá.
La venta de Santa Bárbara, al Supremo
El comité intercentros de Santa Bárbara impugnó ayer ante el Tribunal Supremo la venta de la compañía a la multinacional estadounidense General Dynamics.
Los sindicatos basan la impugnación en el incumplimiento de la Ley de Privatizaciones, dado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) firmó, antes de que el Consejo de Ministros adjudicase la compañía, un contrato con General Dynamics que incluía los compromisos de ambos, informó a la agencia Europa Press José Manuel Alonso, presidente del comité de empresa de la fábrica de Trubia (Asturias) y miembro del comité intercentros.
José Manuel Alonso explicó que otro fundamento para la impugnación de la venta de Santa Bárbara es el incumplimiento de la Ley 50/98 de diciembre de 1998, que establecía el procedimiento privatizador de la compañía, donde se preveía la venta a la empresa de los terrenos e instalaciones por parte del propietario, el Ministerio de Defensa.